Nueva vuelta de tuerca a las restricciones que encara la oposición para ejercer su labor de control al Gobierno en el Congreso. La presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ha propuesto esta
tarde paralizar los plazos que obligan al Gobierno a responder las preguntas escritas de la oposición y a entregar informes u otra documentación requerida por los grupos de la Cámara mientras dure el estado de alarma. Sin sesiones de control, ni comparecencias del Gobierno salvo las que éste decida realizar a petición propia, las dificultades de la oposición para fiscalizar al Ejecutivo en esta crisis son ya considerables. Si ahora se paralizan los plazos obligatorios para la contestación por escrito o la entrega de documentación, el Ejecutivo socialista tendrá aún menos cuentas que rendir a la oposición precisamente cuando es más necesario que sea transparente: en plena emergencia sanitaria y estado de alarma. Fuentes de la Presidencia insisten en que «el Gobierno va a seguir respondiendo preguntas» aunque pierda la obligación de hacerlo, y que el objetivo de la paralización es dar más tiempo para contestar dado que el trabajo presencial se ha restringido al máximo en los ministerios. También recuerdan que el Senado ha adoptado esta semana la misma iniciativa y que el Congreso sigue funcionando como demuestra el pleno que celebrará el próximo miércoles. Sin embargo, ni al PP ni a Vox convencen estos argumentos. El partido que preside Pablo Casado insiste en que cuanta mayor sea la crisis, mayor debe ser el funcionamiento del Congreso y no al revés. En esta línea, teme que la medida pretenda silenciar a la oposición. Por su parte, el grupo que encabeza Santiago Abascal denuncia un intento de amordazar a la oposición en el Congreso. La suspensión será debatida mañana viernes durante la reunión telemática que celebrará la Mesa del Congreso, un órgano controlado por PSOE y Unidas Podemos. La propuesta contempla la paralización de los plazos desde el día 13 de marzo y su extensión «hasta que la Mesa levante la suspensión». Si finalmente sale adelante, afectará «a todas las medidas que se encuentren en tramitación en la Cámara», es decir, también a las proposiciones de ley. Sin embargo, la paralización de los plazos de estas últimas iniciativas es lógica, a diferencia de lo que sucede con las preguntas escritas y la entrega de documentación. No en vano, al estar suspendida toda la actividad parlamentaria no indispensable, la tramitación legislativa no puede continuar y los grupos se están viendo obligados a pedir prórrogas de los plazos cada semana.
FUENTE DIARIO ABC: