El secretario general de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, decidió adelantar la Tercera Asamblea Ciudadana, que estaba prevista para 2021, aprovechando su entrada en el Gobierno para revalidar su
cargo. Sin embargo, la crisis sanitaria y el anuncio de Pedro Sánchez del estado de alarma truncaron la ruta morada. Podemos canceló anteayer, por «responsabilidad», su tercer cónclave sin concretar una fecha nueva. Cuando se retome el proceso, Iglesias solo tendrá un rival, Fernando Barredo, que esta semana solicitó en el juzgado de Toledo medidas cautelares urgentes para paralizar el cónclave después de presentar una demanda interna ante el Comité de Garantías Democráticas contra Iglesias, Montero, Noelia Vera e Ione Belarra por «acumular cargos en contra de los estatutos actuales». Demanda, señala, que la Secretaría de Organización «escondió». No obstante, el partido ha decidido frenar el proceso esgrimiendo el brote de Covid-19. «La prioridad absoluta es frenar la expansión del coronavirus y contribuir con ello a salvar vidas y cuidar la salud de la población», expresaron. Podemos ya había cancelado el acto presencial con la militancia en la Cubierta de Leganés, en Madrid, el día 21, pero mantenían la votación telemática. El viernes el equipo técnico anunció que se cancelaba también esa fórmula y se aplazaban todos los procesos, un día después de la denuncia de Barredo, esquivando así enfrentarse a los juzgados. El contagio de la ministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero, señalan en Podemos, han obligado a que mantenga la cuarentena y a que Iglesias, que es su pareja, a pesar de dar negativo en la prueba, asuma el aislamiento forzoso. Aunque ayer no lo cumplió para asistir al Consejo de Ministros extraordinario en La Moncloa. Esta situación, junto a la declaración del estado de alarma, abundan desde Podemos, les lleva «a aplazar el proceso sine die, a la espera de la evolución de los acontecimientos». Fuentes del partido apuntan que no hay fecha próxima a la espera de que remita la crisis. Eso sí, apostillan que el proceso se aplaza desde el punto en el que se paraliza, es decir, que «serán válidas las votaciones realizadas hasta la fecha, pendientes del recuento». El equipo del secretario general defiende suprimir la limitación salarial en los cargos públicos equivalente a tres Salarios Mínimos Interprofesionales (SMI) porque advierten de que tras la subida a 950 euros ya no lo consideran «un marco de referencia válido». Proponen en cambio donaciones en torno a nuevos porcentajes del salario, aunque no están especificados en ningún punto del documento. Además, quieren quitar la limitación de mandatos para que puedan durar más de doce año si así lo votan los inscritos.
FUENTE DIARIO ABC: