Empresarios madrileños y sindicatos piden a la Administración regional medidas excepcionales para afrontar la crisis del coronavirus. Concretamente, una moratoria fiscal, facilitar los ajustes de plantillas, información a las pymes y autónomos
y fondos públicos específicos para afrontar esta grave situación. Este viernes mantendrán una reunión con la presidenta Isabel Díaz Ayuso y varios de sus consejeros para concretar las actuaciones. Miguel Gallardo, presidente de CEIM, ha pedido «actuar de manera rápida en materia fiscal, laboral y financiera» para que «cuando acabe esta pesadilla, volvamos todos a la actividad normal» con los menores daños. El presidente de los empresarios madrileños y los sindicatos CC. OO. y UGT mantendrán un grupo de trabajo permanente para evaluar una situación que «cambia de manera vertiginosa». Son conscientes del «momento de excepcional gravedad» que atraviea el país y coinciden en que «la prioridad absoluta es evitar contagios». Pero quieren que «las consecuencias sean temporales» y no se traduzcan en destrucción definitiva de empleo ni pérdida de empresas. Piden a la Administración regional un canal de información directa para que los empresarios sepan «que actúan siempre dentro de la legalidad, con seguridad jurídica». En este sentido, CEIM abrirá desde el lunes su propia línea de asesoramiento de empresas. Pero además, quieren que las administraciones vuelcen todos los recursos de la Estrategia por el Empleo y otros programas en «dotar fondos» para «salvar esta situación». Luis Miguel López Reíllo, secretario general de UGT-Madrid insistio en la necesidad de ese «fondo de contingencia». Y también en prestar especial atención a «trabajadores de grandes superficies, como cajeros y reponedores», en contacto con muchas personas cada día, así como los conductores de autobuses interurbanos. El responsable de UGT, al igual que el secretario general de CC. OO. Madrid, Jaime Cedrún, pidieron que no se aproveche la situación «para hacer reducciones de plantillas, y que los trabajadores no sean pagadores de la crisis». De hecho, Cedrún ha pedido «orientaciones más claras de la Comunidad para estos trabajadores que están en contacto con usuarios, para que ni sean contagiados ni contagien». Los sindicalistas defienden que las regulaciones de plantilla necesarias se hagan mediante expedientes temporales (ERTES), y no definitivos (ERES), una línea en la que han coincidido con los emprpesarios. Aemás, piden respuestas porque «cuando se produce un lucro cesante, las administraciones tienen que responder», recuerdan los sindicalistas.
FUENTE DIARIO ABC: