
El gobierno del peronista Juan Manzur sumó en las últimas horas dos conflictos de alto perfil y de impacto en la vida cotidiana de los tucumanos: el transporte público y los
docentes. En ambas disputas el común denominador es la falta de recursos para financiar las obligaciones financieras de la provincia.
En concreto, mañana un grupo numeroso de docentes autoconvocados y del sector privado volverán al paro y a marchar a la céntrica Plaza Independencia para exigir a Manzur el pago de la cláusula gatillo de la paritaria 2019, que por decreto fue suspendida. A la medida de fuerza se plegaron también judiciales, personal de salud, universitarios y agrupaciones sociales.
“Frente al incumplimiento de parte del gobierno de acuerdos salariales vigentes y legales, los docentes tucumanos autoconvocados ratificamos el paro sin asistencia a los lugares de trabajo, con movilización”, estableció un comunicado. Raquel Grassino, vocera de los manifestantes explicó a Clarín que el reclamo es “contra el decreto de Manzur que suspendió el aumento del 15,11% que correspondía de la paritaria del año pasado y que, sin que eso se resuelva, no puede discutirse la nueva paritaria”.
Los autoconvocados rechazaron la posición dialoguista del sindicato oficial de los maestros tucumanos (ATEP), que conduce David Toledo, y cuestionan por igual al peronista Juan Manzur como al gremio. Por eso, convocaron al paro de mañana y no descartaron continuar con las protestas: “Los maestros cobran un promedio de 25 mil pesos y lo que están proponiendo es pagar 1800 pesos, en negro“, explicó Grassino.
Sin colectivos
El otro frente de conflicto que enfrenta la administración Manzur es el del transporte público. Este martes tuvo un capítulo de máxima tensión por un paro que se inició a las 4 de la madrugada por la falta de pago de los choferes y que se levantó tras la amenaza de que se les retirarían todas las concesiones a las empresas, en represalia por la huelga.
La medida de fuerza la lanzó el sindicato de la UTA en reclamo del pago atrasado de los sueldos de febrero. Según el gobierno provincial, el viernes pasado giró a las empresas el pago de 51 millones de pesos en subsidios.
“No podemos permitir que el pueblo tucumano sea rehén de un grupo de empresarios, quienes recibieron la totalidad de los fondos nacionales y provinciales y un aumento de tarifa a fin de año“, señaló la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, luego del anuncio de una denuncia penal y de que se les sacarían las licencias.
Entrada la tarde y después de que los empresarios depositaron en las cuentas de los choferes los pagos atrasados la medida de fuerza quedó sin efecto y se abrió una instancia de diálogo entre las partes.
TEMAS QUE APARECEN EN ESTA NOTA
CARGANDO COMENTARIOS
Clarín
Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? Hace clic acá y te lo volvemos a enviar.
Clarín
Para comentar nuestras notas por favor completá los siguientes datos.