El presidente Alberto Fernández envió al Congreso el pliego para designar al juez Daniel Rafecas como procurador general de la Nación. El Senado le dará
entrada formal en la sesión especial prevista para este jueves y la comisión de Acuerdos, que conduce la camporista Anabel Sagasti, será la encargada de empezar a debatirlo. Para aprobarlo en el recinto, el oficialismo necesita dos tercios de los votos.
“A Rafecas, (Mauricio) Macri lo propuso antes de irse para que sea juez de Casación. ¿Cómo es la historia? ¿Lo ponderan cuando Macri lo proponía y ahora no lo ponderan? Esas actitudes no son buenas”, planteó Fernández el lunes a la noche en el programa de Viviana Canosa, donde anunció que ya había firmado el decreto para proponer a Rafecas.
El pliego entró este martes a la Cámara alta y se espera que el cuerpo formalice su ingreso en la sesión del jueves, convocada para tratar la ley que modifica las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos.
La Comisión de Acuerdos todavía no fijó la fecha de reunión para empezar a tratar la designación.
Se trata de un puesto clave que el oficialismo deberá negociar con la oposición, ya que se necesitan dos tercios de los votos. En 2018, el gobierno de Cambiemos no logró que se apruebe a la candidata del presidente Mauricio Macri, Inés Weinberg de Roca.
El interbloque de Juntos por el Cambio que aseguró que tomará una postura “en bloque” hoy está en pie de guerra con el oficialismo por el tratamiento que se le dará este martes en la comisión de Asuntos Constitucionales al proyecto para intervenir la Justicia de Jujuy, provincia gobernada por el radical Gerardo Morales.
Dos abogados -Yamil Santoro y José Magioncalda- impugnaron a Rafecas porque cuestionan su “idoneidad moral” por desestimar la denuncia de Alberto Nisman a Cristina Kirchner por presunto encubrimiento de los acusados iraníes por el atentado a la AMIA y por su participación -con consejos a los abogados de Amado Boudou- en el Caso Ciccone.
El ex ministro de Planificación Julio De Vido, también lo impugnó. “No contribuye de modo cierto en aporte a un efectivo mejoramiento del servicio de justicia, cuya garantía debe el Estado proveer a los ciudadanos, al fortalecimiento del sistema republicano y al incremento de la calidad institucional”, señaló en la carta enviada al ministerio de Justicia que conduce Marcela Losardo.
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