Medio centenar de jueces integrarán lo que el presidente Alberto Fernández denominó el nuevo “fuero federal”, eje central de la reforma judicial que prometió enviará al Congreso. Ese número es equivalente
a las renuncias que se generaron desde que la Casa Rosada anunció que se harán efectivas modificaciones al régimen jubilatorio de la Justicia. A la fecha, según confirmaron a Clarín fuentes judiciales son 50 las dimisiones recibidas por el Ministerio que conduce Marcela Losardo, treinta son magistrados. Este jueves el Congreso votará el proyecto que modifica el sistema previsional especial del ámbito judicial y la situación abre el debate sobre las vacantes y cómo serán cubiertas las mismas, ya que este mecanismos también se modificará.
El primer anuncio del Gobierno dirigido al Poder Judicial, promete generar una “sangría” que se estima será en total de unos 150 cargos. Fiscales, defensores y jueces que anticiparon sus trámites jubilatorios ante las modificaciones del régimen previsional, trámites que se iniciaron en las últimas semanas y aún están pendientes de aprobación en el ministerio de Justicia, vacantes que se incrementan, son sólo una radiografía de los últimos 25 días en el ámbito judicial.
Impulsado por las modificaciones que se realizarán sobre el sistema previsional judicial, el escenario planteado promete una gran cantidad de cargos a cubrir en todos los fueros. Pero el ámbito político mira con particular atención a Comodoro Py donde ya hay al menos doce cargos claves, siendo el fuero que investiga los delitos contra la administración pública, es decir: la corrupción.
Esta semana el proyecto se convertirá en Ley. Ya obtuvo media sanción por parte del oficialismo -en la Cámara baja en medio de una polémica sesión- y el jueves ingresará al Senado. Lo ya aprobado sostiene que se incrementará del 12% al 18% los aportes adicionales de los jueces; el 82 % móvil será sobre un promedio de los sueldos -actualizados- de los últimos diez años (120 remuneraciones), y no sobre el último haber. Extiende, por otro lado, la edad jubilatoria para los varones a los 65 años, de manera progresiva.
En los números finos del oficialismo, en el sistema previsional hay inscriptos 17.600 magistrados y funcionarios con un aporte promedio mensual de $ 32.600. Entre los jubilados judiciales, 7.000 tienen un haber medio de $ 289.000. El Gobierno publicó que la jubilación más alta que cobra un ex funcionario de la Justicia es de $ 771.000 mensuales. Es equivalente a 55 veces la jubilación mínima de otros ex trabajadores que aportaron al plan previsional “normal”.
El presidente Fernández reitera a su círculo más íntimo, que quiere ser recordado en la historia como el presidente que “cambio la justicia verdaderamente”. La medida que modifica el régimen previsional ya trajo sus primeras consecuencias.
Según pudo saber Clarín, son 50 ya las renuncias aceptadas por la ministra Losardo. De ese universo de funcionarios judiciales que en las últimas semanas decidieron acelerar su jubilación, 15 son fiscales, 5 defensores oficiales y los 30 restantes, son jueces.
Es una merma semana tras semana. Los últimos días en el boletín oficial se publicaron diez jubilaciones de integrantes del Poder Judicial y un importante número ya tiene los trámites iniciados. Cada caso es analizado por Losardo y luego de ser aceptado y publicado, esa jubilación se hace efectiva. Medio centenar ya integra esa lista.
Todo indica, en cálculos oficiales y del Consejo de la Magistratura, que el número ascenderá a 150. Esto dejará sillones a cubrir en la Justicia y la oposición advirtió otro conflicto: cómo se cubrirán los mismos. El régimen de suplencias, posibilitaba que los funcionarios judiciales jubilados puedan ser convocados a ejercer esos puestos percibiendo un plus en caso de aceptar.
Con la derogación del artículo 16 de la ley 24.018 que establecía dicha posibilidad, se vería modificado el sistema y se convocaría a través de una lista de conjueces que el Gobierno confeccionará, “y deberán aprobar un examen en el Consejo de la Magistratura (donde el oficialismo es la primera minoría) y luego el Senado le dé el acuerdo (donde también tienen mayoría)”, sostuvo Graciela Ocaña.
En los Tribunales de Comodoro Py muchos funcionarios judiciales consideran que los anuncios tienen un contenido político. El Gobierno avala la teoría del lawfare con la que se defiende la vicepresidenta Cristina Kirchner de los ocho procesamientos por corrupción que tiene, y la misma cantidad de casos ya elevados a juicio oral, más otros tres que quedan en instrucción. Es decir, en base a dicha teoría, todo responde a una persecución política para desprestigiarla pero mientras el kirchnerismo apuesta a cambiar los jueces que investigan la corrupción.
TEMAS QUE APARECEN EN ESTA NOTA
CARGANDO COMENTARIOS
Clarín
Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? Hace clic acá y te lo volvemos a enviar.
Clarín
Para comentar nuestras notas por favor completá los siguientes datos.