El simulacro de las audiencias judiciales en el caso del derribo del avión de pasajeros Boeing -777, vuelo MH17 de la compañía aérea Malaysian Airlines, en ruta desde Ámsterdam a Kuala Lumpur acaecido el 17 de julio de 2014, deja entrever que a pesar de existir evidencias claras, convincentes y exhaustivas de la culpabilidad de la Federación rusa.
El Kremlin podría mover varias fichas para garantizar que los líderes del país eviten el castigo por la muerte de los pasajeros y la tripulación.
Según el coordinador principal del Equipo de Investigación Conjunta (JIT), el Fiscal holandés Fred Westerbeke, los investigadores lograron demostrar plenamente la participación de Rusia en la tragedia. Sin embargo, el caso hasta ahora está dirigido solo a los autores materiales y no a los cerebros o autores intelectuales del crimen.
La cuestión clave en base a los pesquisas del JIT es que el despliegue a través de la frontera rusa – ucraniana de un sistema de defensa aérea Buk, al servicio de la 53ª Brigada de Defensa Aérea del Ejército Ruso requería una orden directa del mando político-militar ruso, como implica la transferencia de equipo militar ruso al extranjero mientras no hubiera sido introducida la ley marcial y declarado la guerra. Por lo tanto, el despliegue de un sistema de defensa aérea, con o sin tripulación rusa, hizo necesaria la orden del presidente ruso y del ministro de defensa del país.
De jure, la complicidad en la comisión del delito consistiría en:
– Proporcionar medios o instrumental (el traspaso de los sistemas de defensa aérea Buk);
– Encubrir a los delincuentes y los medios destinados a cometer el delito (transportando el sistema de defensa aérea de regreso a territorio de la Federación Rusa y ocultando a la tripulación en su territorio); y
– Intentar desacreditar la investigación, haciendo circular teorías conspirativas e información falsa para confundir la investigación.
Por lo tanto, la evidencia judicial sobre el derribo del MH17 por parte de un sistema de defensa aéreo ruso transportado desde territorio de la Federación Rusa es un motivo por sí mismo suficiente para presentar cargos contra los principales líderes militares de Rusia. Esto explica la voluntad de Rusia de inmiscuirse en la investigación y el juicio: a través de la falsificación de pruebas y una campaña de información activa a base de información falsa.
Los datos de inteligencia militar publicados recientemente en los Países Bajos descartan la participación en el derribo del MH17, tanto de los sistemas de defensa aérea Buk ucranianos como de los Buk rusos situados en territorio de la Federación Rusa. Un análisis de estos documentos por el IGTDS demuestra que solo un sistema de defensa aérea ruso Buk, que se había desplegado en Ucrania a través de una sección de la frontera con Rusia que se encontraba fuera del alcance de control de Kyiv, podría haber lanzado el mortal misil 9M38.
Sin embargo, Rusia podría tratar de evadir las acusaciones contra su cúpula político-militar al reconocer que el sistema de defensa aérea fue cedido a los militantes de la “RPD”, quienes posteriormente operaron el lanzador.
Esta posición parece poco convincente, aunque la única posible desde la perspectiva de la urgente necesidad de sacar al Sr. Putin de debajo del foco de la investigación. Es poco probable que un sistema de defensa aérea que está en servicio en el ejército ruso pueda ser desplegado a través de la frontera sin personal que controle su uso. El hecho de que después del derribo del MH17, el sistema de defensa aérea fuera transportado rápidamente de vuelta a territorio de Rusia indica que permaneció bajo el control efectivo del ejército ruso.
En este caso se puede utilizar el precedente del Reino Unido que ha sido responsabilizado por sus acciones en Irak, y de Turquía por sus acciones en Chipre, donde en ambos casos el argumento principal es la prueba de que el país tenía un “control efectivo” en el territorio donde se cometió el delito. Por lo tanto, la jurisdicción sobre la responsabilidad de Rusia podría extenderse al territorio del Donbas ucraniano.
Rusia busca convencer al tribunal de la primacía de las circunstancias sobre la causa. En otras palabras, argumentan que no importa quién derribó el avión, sino que lo importante es ver las circunstancias que se suscitaban en el terreno en ese momento. Esta posición es legalmente nula, ya que desconoce la causa misma del accidente del avión, la muerte de la tripulación y los pasajeros, y la relación causa-efecto.
Aquí nos encontramos con un caso similar con el derribo del avión de pasajeros ucraniano operado por Ukraine International Airlines, el vuelo PS752, sobre Irán el 8 de enero de 2020. La causa del accidente del avión fue el ataque de un misil de defensa aérea iraní, no la tensión política extranjera en la región, la eliminación de Qasem Soleimani o el ataque con misiles de Irán contra objetivos estadounidenses en Irak.
Ucrania no había cerrado el espacio aéreo sobre el Donbas, debido a que en ese momento (antes del derribo del MH17) no existía una amenaza objetiva para los vuelos civiles. Los separatistas pro-rusos habían logrado derribar aviones de la Fuerza Aérea Ucraniana utilizando MANPADS, a bajas altitudes, incapaces de alcanzar objetivos que volaran a altitudes superiores a los 6 km. Las autoridades ucranianas no contaban con la información de que Rusia había transferido sistemas de defensa aérea a Ucrania. La inteligencia holandesa también ha confirmado la falta de datos operativos sobre el despliegue de los sistemas de defensa aérea rusos en Donbas.
El 19 de junio de 2019, el JIT reveló que estaban al corriente acerca de los cuatro miembros de la tripulación del Buk y de un capitán de la 53ª brigada de defensa aérea de Rusia, que estaba al mando de esa tripulación. Sin embargo, los investigadores no llegaron a mencionar ningún nombre. El JIT también identificó a cuatro sospechosos implicados en el accidente del Boeing. Se trata de tres ciudadanos rusos: el ex “ministro de defensa” de la autodenominada “RPD”, Igor Girkin (alias “Strelkov”), el Mayor General Sergey Dubinsky (alias “Khmuryi”) y el coronel Oleg Pulatov (alias “Gyurza”), así como a un ciudadano ucraniano, Leonid Kharchenko (también conocido como “Krot”).
El 3 de febrero de 2020, un blogger que había estado cooperando con las autoridades rusas, Max van der Verff, publicó información acerca de que el buffet de abogados “Sjöcrona Van Stigt”, con sede en Rotterdam, se había hecho cargo de la defensa de uno de los sospechosos en el caso MH17, Oleg Pulatov, a quien se le imputa estar involucrado en el transporte del lanzador de misiles Buk ruso.
Los socios de Sjöcrona Van Stigt se especializan principalmente en el tratamiento de delitos de lavado de dinero, sobornos, fraudes y otros tipos de delitos económicos.
En declaraciones hechas ante los medios, los abogados holandeses enfatizaron que las audiencias del caso MH17 llevarán años y que tienen la intención de mantener un perfil bajo pendientes del juicio. Explican su interés en el caso por su voluntad de garantizar el estado de derecho. Teniendo en cuenta el prestigio de la firma Sjöcrona Van Stigt y su especialización principalmente en crímenes económicos, la participación del buffet en el caso podría explicarse lógicamente por propósitos de relaciones públicas. Sin embargo, las declaraciones acerca del perfil bajo que mantendrían durante el juicio obligan a buscar otras razones de su implicación en el caso.
Se sabe ya que la segunda defensora será Elena Kutyina (ciudadana rusa) de la Asociación de Abogados de Moscú “Kovler and Partners”, la firma propiedad del hijo de un juez ruso en el TEDH.
El buffet Kovler and Partners está situado en el edificio de lujo “Alexander House”, justo al lado del Kremlin. En 2000, albergó el cuartel general de la campaña de Vladimir Putin en sus primeras elecciones y luego se desempeñó como sede del Centro de Investigación Estratégica, dirigido por German Gref (en la actualidad presidente de Sberbank de propiedad estatal). Kovler and Partners representa en los tribunales los intereses del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia y de la Fiscalía. La empresa propietaria de “Alexander House” también poseía una parcela de tierra que fue entregada a la Administración Presidencial rusa para la construcción de la residencia de Putin, en la costa del Océano Pacífico.
“Alexander House”
El análisis de la información publicada en el sitio web del buffet de abogados indica que no están interesados en atraer clientes en general, sino solo trabajar con un grupo específico de personas relacionadas con estructuras gubernamentales, exigiendo que se mantenga la confidencialidad de dicha cooperación.
Según los abogados holandeses de Sjöcrona Van Stig, la abogada Kutyina no está facultada a actuar en nombre del sospechoso en los Países Bajos; sino que ella solo será la encargada de proporcionar información para su defensa.
El expediente del caso MH17 asciende a unas 30.000 fojas compiladas por el JIT, incluyendo la participación de organizaciones independientes como Bellingcat. La fuente de información que Kutyina proporcionará como parte de los esfuerzos de defensa es obviamente diferente del material del JIT. La interpretación de dicha información en el marco del caso escapa a la esfera de competencia de Kutyina. Lo más probable es que su papel se reduzca a la mediación entre Sjöcrona Van Stig y las personas (estructuras) interesadas en Rusia que pagan por los servicios de los abogados holandeses.
De lo contrario, es imposible explicar por qué los abogados holandeses necesitarían a la Sra. Kutyina.
En Moscú, Kutyina desempeña el rol de un juez en un programa televisivo denominado “Asuntos Familiares”, escuchando casos menores. Ella no tiene ninguna formación en el dominio de crímenes de guerra, ley de aviación, etc. Por lo tanto, es probable que participe en la operación de información para cubrir las audiencias judiciales de una manera que resulte beneficiosa para Rusia, comentando para la audiencia rusa, lo que los holandeses no harán por no poner en riesgo su reputación.
Captura de pantalla del programa televisivo “Asuntos Familiares”.
La conexión entre el buffet ruso Kovler and Partners, que defiende a Pulatov, y el holandés Sjöcrona Van Stig es indudable.
Este último asumirá la tarea principal en la defensa de los imputados.
El consentimiento de la firma Sjöcrona Van Stig para dicha cooperación con un abogado ruso puede explicarse únicamente por una condición puesta por el cliente que paga por los servicios prestados. La participación de Kutyina en el juicio amenaza la reputación de la firma holandesa, ya que es obvio que no ejercen control sobre su comunicación con los clientes con sede en Moscú que no toman en cuenta el componente informativo del juicio.
La fuente de financiamiento de la firma holandesa sigue sin estar clara, mientras que la información en su sitio web pone énfasis en su trabajo con personas de alto poder adquisitivo. Los precios comparativos de los servicios de una empresa de nivel similar se sitúan en un mínimo de 240-380 euros por hora.
Está descartado que sea el acusado quien realice el pago por los servicios de la defensa legal prestados.
No existen dudas de la conexión entre las dos estructuras legales que representan la defensa de Pulatov y la Administración Presidencial rusa.
Existe la posibilidad que Sjöcrona Van Stigt pueda estar representando en los Países Bajos los intereses de las empresas propiedad del séquito de Putin.
En la edición de enero de 2012 de la revista jurídica holandesa “Mr.”, puede verse una foto de los empleados de Sjöcrona Van Stigt posando con abogados del bufete Wladimiroff Advocaten en una fiesta de Año Nuevo. La firma Wladimiroff Advocaten fue fundada por Mikhail Wladimiriroff, descendiente de un emigrante ruso. La compañía participa activamente en la temática de las sanciones contra Rusia. En la década de 1990, Mikhail Wladimiriroff actuó como abogado defensor del criminal de guerra serbio Dusko Tadic en el primer caso penal presentado ante el Tribunal Yugoslavo. Según The Irish Times, la ITFY también lo nombró defensor del presidente serbio Slobodan Milosevic.
La edición de enero de 2012 de la revista jurídica holandesa “Mr.”
Wladimiriroff también está relacionado con el caso del MH17. El defendió públicamente la posición de que el juicio debería tener lugar en Rusia. En su opinión, solo un juicio conjunto con los rusos, posiblemente incluso con sede en Rusia, lograría poner a los criminales tras las rejas. En cualquier otro caso, Rusia se negará a extraditar a los sospechosos. Esta posición coincide totalmente con las declaraciones del Kremlin expresadas en 2014 sobre la necesidad de juzgar a los sospechosos en territorio ruso.
Mikhail Wladimiroff (a la izquierda).
Mikhail Wladimiroff visita Rusia con regularidad.
Mikhail Wladimiriroff es el fundador de una Asociación Rusa – Holandesa de Abogados. Entre sus clientes se encontraba el ex director técnico de la selección nacional de fútbol de Rusia, Guus Hiddink. En su oficina pueden verse iconos rusos y pinturas de paisajes de Rusia. Además, visita Rusia y generalmente habla positivamente sobre el país.
Todos los imputados en el caso MH17 en este momento se encuentran en Rusia o en territorios controlados por Rusia. Anteriormente, Moscú ya había intentado condenar a uno de ellos por el crimen y, así, sacarlo de la vista de la corte en La Haya.
Existe la posibilidad de que si el tribunal lograra probar que el avión de pasajeros fue destruido por un sistema de defensa aéreo ruso, el Kremlin podría intentar arrestar y encarcelar a otros acusados en Rusia. Por lo tanto, Moscú bloquearía cualquier investigación ulterior destinada a identificar y enjuiciar a los autores intelectuales del crimen.
Nota: Este es una traducción al español del artículo publicado en https://igtds.org/2020/03/mh17-court-hearings-in-the-hague-simulation/