La Justicia aprobó la apertura del concurso preventivo de Vicentín

y Comercial Nº 2, Fabián Lorenzini, abre el proceso para la verificación de créditos hasta el 9 de junio próximo y se inscribe dentro de la crisis provocada por una deuda estimada en 1.300 millones de dólares.

La presentación, ahora aceptada por la Justicia, se enmarca dentro de su estrategia de la compañía para evitar la quiebra y alcanzar acuerdos que le permitan continuar con la operatoria sin ceder el control. Traba los pagos anteriores a la presentación y abre un proceso para establecer prioridades en la cancelación de acreencias.

La cerealera había planteado tras la presentación judicial que busca como objetivos prioritarios “defender sus fuentes de trabajo, rehabilitar su operatoria industrial y comercial y concretar una restructuración de sus pasivos en condiciones y términos que sean mutuamente fructíferos para acreedores y para la empresa”.

Vicentín admitió en diciembre pasado estar atravesando una situación de “estrés financiero”. Inició negociaciones para afrontar las deudas y presentó una propuesta que incluía dolarizar acreencias, afrontar un pago inicial de 20% –con un mínimo de 30 mil dólares—y saldar el resto en ocho años.

El plan apuntaba a captar la aprobación de cooperativas y productores, más allá de que el mayor volumen de la deuda, un 80 por ciento del pasivo, es con entidades bancarias. El Banco Nación, a quien adeuda 18 mil millones de pesos, es su mayor acreedor.

La propuesta de pago presentada cosechó rechazos y adhesiones. Incluso en los tribunales provinciales de Rosario se presentó un pedido de quiebra contra el gigante cerealero. La corredora de granos Gagliardo Agrícola Ganadera S.A. fue la primera en recurrir a esa medida para forzar el pago de la deuda que mantenía Vicentín.

El miércoles pasado Claudio Lozano, director del Banco Nación, realizó un informe sobre la situación de Vicentín ante los legisladores provinciales de Santa Fe, que estudian formar una comisión investigadora.

El funcionario no descartó la posibilidad de estatizar la empresa o buscar un sistema de conducción mixto que incluya “al Estado, productores y trabajadores”, aunque aclaró que de todas maneras la compañía deberá afrontar la deuda que contrajo.

“Es una empresa que tiene un flujo de negocios, una potencialidad y activos suficientes como para afrontar la deuda. Estamos hablando de alguien que tiene 3 mil o 4 mil millones de dólares de facturación anual. No es una pyme. No estamos hablando de los perdedores del modelo económico anterior, estamos hablando de los ganadores”, consideró Lozano.

Explicó, además, que está en curso una investigación para determinar si existió de parte del anterior directorio del Banco Nación “una irresponsabilidad” o alguna “maniobra delictiva”.