El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que preside Máximo Julio Fonrogue, apoyó a la Asociación de Magistrados y alertó que la reforma jubilatoria del Gobierno “esconde un fin
subalterno que es estimular la jubilación de un enorme número de jueces y fiscales” y reemplazarlos por magistrados afines al oficialismo.
En un comunicado, el colegio criticó “la manera en que ha sido planteada la cuestión en el Congreso, sin dar lugar a un debate que resulte suficientemente ponderado, amplio y cuya nota distintiva no sea la perentoriedad”.
“Tal presunción se ve reforzada por el hecho de querer derogar además la disposición del régimen actual que permite convocar a jueces, fiscales y defensores jubilados para ocupar los cargos vacantes, en un contexto en que ya hoy existen una cantidad de cargos vacantes que, en el caso de los Fiscales, llega a casi el 40% de los cargos existentes”, agregó la entidad.
El Congreso “debió haber escuchado la voz de los colegios profesionales, ya que la sola posibilidad de que una reforma cuyos alcances pueda determinar la renuncia de una importante cantidad de magistrados que busquen preservar sus derechos conforme al régimen actualmente vigente”. Sucede que, a su criterio, la reforma jubilatoria, “habrá de ocasionar un grave deterioro funcional en la administración de justicia que afectará a justiciables y profesionales del derecho, contingencia que no puede ser soslayada en modo alguno y que debe ser evitada”.
Para este colegio “si el objetivo de la referida ley es el de lograr la sustentabilidad económico financiera de éste régimen jubilatorio especial, erróneamente llamado de privilegio, cabría haber propiciado un marco de diálogo que robusteciera el análisis integral sobre la base de datos actuariales incuestionables”.
Además, “desde las asociaciones que nuclean a los magistrados se han mostrado abiertos a revisar el actual régimen jubilatorio, con miras a disminuir o eliminar el déficit que actualmente genera en las cuentas públicas, por lo que desde nuestra entidad consideramos que sus propuestas al efecto deben ser adecuadamente analizadas y cuantificadas con fundamentos objetivos, sin empecinarse en un determinado proyecto que puede provocar efectos colaterales de trascendencia institucional con afectación del acceso a la Justicia”.
El Poder Judicial de la Nación, sin duda, “tiene muchas cuestiones que mejorar y es menester trabajar en ellos, pero sin perder de vista que la estabilidad e independencia de los magistrados es una cuestión que reviste un carácter esencial que la sociedad debe procurar preservar de manera inexcusable, del mismo modo que la preservación del servicio de justicia”.