Senadores de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto comenzaron a las 17.15 a debatir la reforma del régimen de jubilaciones de privilegio de jueces, fiscales y
diplomáticos, en el plenario expone el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y representantes del asociaciones de magistrados y fiscales.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, declaró que el objetivo del gobierno nacional con la propuesta de reforma de las jubilaciones de privilegio de jueces, fiscales y diplomáticos es “reforzar el carácter solidario y redistributivo del sistema previsional”
Moroni habló en el Senado, donde se trata el proyecto oficial que promueve esa reforma. ocasión en la que ratificó que el esquema actual de esos sectores general un déficit anual “9.200 millones de pesos”.
El bloque del Frente de Todos, que conduce el formoseño José Mayans, no acompañaría los pedidos de cambios de la oposición ya que, en caso de hacerlo, la propuesta debería volver a ser tratada por la Cámara baja, que le dio media sanción la semana pasada, informaron fuentes parlamentarias.
Mayans consideró que “los tiempos apremian” para la búsqueda de “soluciones al déficit que provoca el sistema previsional argentino” y advirtió que durante los gobiernos peronistas “esto no ocurría”.
Desde la oposición, el presidente del interbloque de Cambiemos, Luis Naidenoff, no descartó acompañar la iniciativa porque dijo estar de acuerdo con el fin de los regímenes de excepción en Argentina, pero aclaró que no se sometería “a ningún tipo de extorsión”.
En ese sentido, fuentes de la principal bancada opositora indicaron que podrían pedirse retoques a algunos artículos del texto aprobado por los diputados, y que estarían relacionados con que se mantengan los beneficios para aquellos miembros del Poder Judicial y del Servicio Exterior a los que ya se les otorgó la aceptación de la jubilación.
Durante el debate en la Cámara de Diputados, el bloque de Juntos por el Cambio, que comanda el radical Mario Negri, se retiró del recinto luego de objetar la presencia de Daniel Scioli y denunciar irregularidades para la obtención del quórum.
La oposición y asociaciones de magistrados acusaron al gobierno nacional de intentar “avanzar sobre el Poder Judicial” y, ante el eventual cambio de las condiciones de jubilación, trascendió que podrían precipitarse renuncias masivas de jueces y fiscales.
En este contexto, el gobierno aceptó el martes la renuncia de cuatro jueces y una fiscal, mediante la publicación de decretos en el Boletín Oficial, que llevan la firma del presidente Alberto Fernández.
Se trata de los camaristas del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 2, Fernando Larraín; del Tribunal Oral en lo Penal Económico 2, Oscar Lemos; del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 18, Ricardo Rojas, y de la jueza federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias 3, Rita de la Ascensión Garese y de la fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Irma García Netto.
Las renuncias se conocieron en medio de tratamiento legislativo del proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que recibió críticas de los magistrados porque consideran que tuvieron “poca participación” en la discusión de la propuesta.
La propuesta del gobierno establece una nueva fórmula para calcular el haber inicial que hoy es del 82 por ciento del último sueldo y que en el futuro se hará en base al promedio de los últimas 120 remuneraciones al valor actualizado.
Además, aumenta en forma gradual a 65 años la edad para acceder en el caso de los hombres al beneficio jubilatorio, pero mantiene en 60 años la opción para las mujeres.
El texto aprobado por la Cámara de Diputados sostiene además que para acceder al régimen de privilegio deberán haber trabajado 10 años seguidos en el Poder Judicial o 15 años en forma interrumpida de los 30 años que deberán haber aportado al sistema jubilatorio.