Durante siete años, Julie Burkhart trabajó junto al doctor George Tiller hasta su muerte en 2009, cuando un extremista antiabortista le disparó en una iglesia de Kansas, en
target=”_blank”>Estados Unidos.
Desde entonces, Burkhart tomó el relevo. “Nunca me voy a arrepentir, porque era lo que había que hacer”, dice esta doctora de 53 años que se ha enfrentado a un sinfín de obstáculos para ejercer su trabajo, incluidas amenazas de muerte y protestas en la puerta de su casa.
“A veces, sin importar el precio, tenés que hacer lo correcto”.
Como ella, médicos, enfermeras y gerentes de clínicas luchan diariamente para ofrecer acceso al aborto en el Medio Oeste y el sur de Estados Unidos, donde la religión está profundamente arraigada en la sociedad. De hecho, varios proveedores de servicios de aborto declinaron hacer comentarios para esta nota por temor a posibles consecuencias.
El aborto a la Corte Suprema
El futuro del derecho al aborto está en debate en Estados Unidos y enfrenta una prueba de fuego a partir de este miércoles, cuando comenzará a ser debatido ante la Corte Suprema del país.
“Mi derecho, mi decisión”, dice el gorro de una manifestante durante una marcha a favor del aborto frente al a Corte en Washington. / AP
La Corte Suprema reestructurada por Donald Trump podría comenzar a revertir casi 50 años después la legalización de la interrupción del embarazo en todo el país.
El máximo tribunal examinará una ley de Louisiana que puede conducir al cierre de dos de las tres clínicas de aborto en este estado conservador del sur.
Más allá del problema local, “el caso es importante porque esta ley es más o menos idéntica” a una ley de Texas que la Corte invalidó en 2016, explica Mary Ziegler, profesora de derecho en Universidad de Florida.
Ficha sobre el aborto en América Latina – AFP / AFP
Desde ese momento hasta ahora, Trump, que sumó a la derecha religiosa a su causa al mostrar una oposición frontal al aborto, hizo inclinar la balanza del tribunal hacia el lado conservador al nombrar a dos magistrados con posturas tradicionales.
“¿Esta reorganización (de la Corte) conducirá a un cambio en la jurisprudencia?”, se pregunta Ziegler. Su decisión mostrará “hasta qué punto la Corte toma en serio sus decisiones pasadas” y, en particular, su decisión histórica de 1973 en el caso Roe v. Wade, que reconoció el derecho de las mujeres a abortar, agrega la académica.
Esperado en junio, a pocos meses de las elecciones presidenciales, el fallo no hará cesar los debates entre los candidatos sobre este tema que divide profundamente a los estadounidenses.
El gobierno de Trump, que cuenta con los votantes evangélicos para ser reelecto, apoya el reclamo de Luisiana.
Además, más de 200 congresistas republicanos y dos demócratas pidieron a la corte que considerara volver a la situación de antes de 1973, cuando cada uno de los 50 estados era libre de prohibir la interrupción voluntaria del embarazo.
Este caso “ilustra el carácter imposible del ‘derecho al aborto’ definido en Roe” y “la necesidad de que el Tribunal” piense en anularlo, escribieron a la corte en un documento.
Por el contrario, los defensores del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos esperan que el alto tribunal ponga fin a la ofensiva antiaborto en curso en muchos estados religiosos en el sur y centro del país.
Un derecho constitucional
“Estamos presenciando ataques sin precedentes contra los derechos de las mujeres”, dijo Travis Tu, abogado del Center for Reproductive Rights, que defiende a los demandantes. “Es esencial que la Corte Suprema intervenga y recuerde que las mujeres tienen el derecho constitucional de optar por abortar”.
Manifestantes anti aborto, frente a la Corte este miércoles, en Washington. / AP
La audiencia se centrará en una ley adoptada en 2014 por Luisiana para obligar a los médicos que realizan abortos a obtener una autorización para ejercer en un hospital ubicado a menos de 50 kilómetros del lugar de la intervención.
Para Tu, se trata de un pretexto para cerrar las clínicas y solo un centro de salud y un médico podrían continuar practicando abortos en todo ese estado, donde se realizan alrededor de 10.000 abortos cada año.
Luisiana invoca la necesidad, en caso de complicaciones, de poder transferir a las pacientes a hospitales vecinos. El estado sostiene que la ley permitirá también “evaluar la competencia” de los médicos.
Tratada como urgente, la Corte Suprema había impedido su entrada en vigor en febrero de 2019 por una pequeña mayoría (5 votos de 9) sin pronunciarse sobre el fondo.
Los jueces nombrados por Trump, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, votaron a favor de Luisiana, pero, inesperadamente, el presidente de la corte, John Roberts, se unió a sus cuatro colegas progresistas para bloquear la ley.
Este magistrado conservador, que votó a favor de la ley de Texas en 2016 pero está muy apegado a la imagen de la Corte, es por tanto el foco de toda atención.
“Es un poco el desconocido” de los debates, dice Ziegler.
Además de pronunciarse sobre esta ley, la corte acordó responder una pregunta sobre la legitimidad de los médicos para acudir a los tribunales para defender el derecho al aborto.
Luisiana cree que “los médicos no actúan en interés de las mujeres”, dijo Ziegler. Si la Corte se adhiere a esta idea, “podría sugerir que está abierta al argumento de que el aborto es malo para las mujeres“.
En un ámbito práctico, esto complicará cualquier demanda futura, agrega Tu. “Cuando una mujer busca abortar, no es realista pensar que encontrará un abogado y que podrá acudir a los tribunales para defender sus derechos”.
Asesinatos, ataques y robos
La muerte de Tiller de un disparo en la cabeza por un hombre que afirmaba que quería salvar a los niños no nacidos fue un golpe brutal de realidad.
El funeral en 2009 del médico George Tiller en Kansas./ AFP
Antes, después de un intento de asesinato en 1993, Tiller, uno de los pocos ginecólogos que realizaba abortos terapéuticos tardíos -entre las 22 semanas y el tercer trimestre-, comenzó a usar un chaleco antibalas. “A menudo, tenía su chaleco antibalas en el sofá de su oficina. Creo que me volví insensible al nivel de riesgo”, estima Julie Burkhart.
El asesinato fue duramente condenado, incluso en la comunidad antiabortista, pero los ataques continuaron. Tres personas más fueron asesinadas en 2015 en una clínica de Colorado Springs, lo que elevó el número de muertes por violencia antiaborto a 11 desde que se legalizó el procedimiento en 1973.
En el transcurso de esas décadas, también hubo 26 intentos de asesinato, 42 ataques con bombas y más de 300 robos en varias clínicas, según la Federación Nacional del Aborto de Estados Unidos.
Julie Burkhart, en una imagen de 2016./ AFP
Tras la muerte de Tiller, su viuda vendió su clínica Women’s Health Care Services, en la ciudad de Wichita. “Dios mío, no puedo culparla”, dijo Burkhart, quien trabajó como portavoz y cabildera de Tiller entre 2001 y 2009. “Pero justo después de que ella tomara esa decisión, pensé que teníamos que volver a abrirla”.
“Seguí esperando que otros dieran un paso y lo hicieran, tal vez un médico de la comunidad”, dijo, admitiendo que también quería tirar la toalla.
“Sentí que estaba en una montaña rusa superveloz”.
Al ver que nadie intervenía, Burkhart se sintió llamada por la “responsabilidad”: creó la Fundación Trust Women, compró la clínica de Wichita y abrió una segunda en la vecina ciudad de Oklahoma.
En 10 años, ha sufrido amenazas de muerte, robos en sus clínicas y protestas fuera de su casa. En un momento, la presión fue tan fuerte que se vio obligada a contratar guardaespaldas solo para llevar a su hija adolescente a la escuela.
Todo esto terminó asustando a los médicos locales. Incluso los que trabajaron con Tiller se han negado a regresar. Hoy, Burkhart tiene que traer médicos de otros estados, a menudo desde las costas este y oeste, típicamente más progresistas.
Más allá de los problemas de seguridad, a los médicos locales les preocupa ser discriminados por sus colegas, perder sus licencias para operar en hospitales o ser despedidos debido a sus prácticas, dijo Burkhart.
Otro obstáculo es el dinero: los bancos se negaron a otorgarle préstamos a esta médica activista para reabrir la clínica de Tiller. “Tuvimos que recaudar dinero de donantes”, explicó.
En cuanto a las autoridades estatales, han aprobado una ley tras otra, oficialmente para proteger la salud de los pacientes. Sin embargo, en realidad, las normas han creado tantos obstáculos que el número de clínicas de aborto en Kansas se ha reducido de 23 en 1980 a solo cuatro en todo el estado. En el vecino Oklahoma hay solo seis.
También hay mucha presión social. “Uno puede llegar a sentirse bastante aislado. La gente no siempre quiere asociarse con personas como yo que practican abortos”, confesó Burkhart con un pequeño suspiro.
“Dependiendo del grupo de personas con las que me veo, puedo no contarles todo sobre mí.”
AFP
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