El nuevo esquema de retenciones a los productos agropecuarios, anunciado el lunes tiene como gran novedad que habrá reintegros para los productores que vendan menos de 1.000 toneladas por año (lo
que produce aproximadamente un campo de 250 hectáreas). Esos actores de la agroindustria comúnmente identificados como pequeños y medianos productores tendrían una alícuota efectiva sobre la oleaginosa de un 30% como tope, pero con rebajas hasta el 22%.
En los hechos, todos los productores de soja deberán tener en cuenta el 33% (que empezaría a regir desde que se reabra el registro de declaraciones juradas de ventas externas, lo cual sucedería este miércoles, en principio). Pero los que en la campaña 2018/2019 hayan vendido menos de 1.000 toneladas, unos 42.000 productores (el 74% de los que operaron el año pasado) luego podrán gestionar los reintegros a medida que vayan vendiendo la producción de esta campaña.
En principio, se devolverían US$ 40 por las primeras 100 toneladas, luego el Estado sumaría otros US$ 10 entre las 101 y las 200 toneladas de soja; entre las 201 y las 300 toneladas se agregarían US$ 5 más y luego, cada 100 toneladas se sumarían US$ 2, entre las 301 y las 1.000 toneladas. Eso es lo que llevaría en algunos casos a recuperar parte del valor aportado al fisco, desde una retención del 33 al 22%, según calcularon los funcionarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Así, ayer tomaron forma las compensaciones explicitadas en la ley de Emergencia y Solidaridad Fiscal votada en el Congreso en diciembre pasado. Finalmente sólo se contemplaron cuestiones de escala por volumen, sin ninguna segmentación por distancia a los puertos que tuviera en cuenta los costos por fletes, algo que se especulaba como posibilidad.
Quedó desestimada por ahora la posibilidad de reinstalar el diferencial de 3% menos para la soja industrializada (harina -el principal producto entre las exportaciones argentinas- y aceite). El ministro Basterra aseguró que todavía se está analizando ese tema. Un caso aparte es el del biodiesel, uno de los subproductos de la soja, cuya alícuota subió del 27 al 30%, aunque desde Agricultura se argumentó que ese número es relativo porque en ese rubro “juegan otro tipo de reintegros”. Se dijo además que la diferencia con la retención del poroto no puede ser muy grande para no sufrir penalidades por dumping de otros países.
Por otro lado, en diversos cultivos y productos se mantuvieron o bajaron las alícuotas de las retenciones. Un caso clave es el de la carne bovina, que quedó en 9% para todos los cortes. Se analizó llevar las de los cortes con hueso (asado) al 12% para garantizar el abastecimiento interno, pero Basterra explicó que la demanda de esos cortes durante el año pasado, especialmente por China, fue una situación especial que no se sostiene en la actualidad.
La carne de pollo quedó en los mismos valores que la vacuna, pero la de cerdos, ovinos, patos y gansos se estableció en un 5%.
En el caso del maíz y el trigo, el segundo y tercer cultivo en volumen de los que se producen en la Argentina, la alícuota quedó en 12 %, aunque con porcentajes inferiores según especialidad o agregado de valor. Por caso, el maíz pisingallo quedó gravado con 9%, el flint en 7% y los aceites y harinas del cereal bajaron a 5%. La harina de trigo bajó de 9 a 7%.
Entre las economías regionales, también hubo algunas sutilezas respecto del grado de procesamiento. Por ejemplo, el arroz con cáscara quedó con una retención del 7% y el sin cáscara en un 5%. Lo mismo sucedió con el maní y el girasol, cuyos granos comunes deberán tributar 7% pero sus versiones confiteras sólo 5%.
Los cítricos y otras frutas (peras, manzanas, etcétera) como otras economías regionales como las legumbres quedaron con un derecho de exportación del 5%-
En el caso de la leche, se mantendrá la alícuota de 9% pero para los quesos y otras elaboraciones lácteas el gravamen será de 5%.
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