El juez federal Ariel Lijo rechazó este lunes su competencia para investigar la denuncia por el supuesto pago al imputado colaborador Alejandro Vandenbroele para declarar como arrepentido en la causa por la
ex Ciccone Calcográfica. Ahora, si el otro magistrado que no quiso hacerse cargo de la causa volviera a negarse, la Cámara Federal deberá definir en qué juzgado se investigará.
Para fundamentar su rechazo, Lijo sostuvo que no hay “conexidad” entre este hecho y la causa central por la venta de la ex imprenta Ciccone -cuyo tramo financiero que está a su cargo- por lo que le devolvió la denuncia sobre Vandenbroele a su colega Marcelo Martínez De Giorgi.
Este último magistrado había rechazado investigar la denuncia, porque la consideró conexa a la causa que lleva Lijo, quien además fue el juez que aceptó el testimonio de Vandenbroele como arrepentido en otro caso vinculado a Ciccone: el supuesto pago de coimas por parte de la provincia de Formosa al entonces ministro de Economía Amado Boudou, para refinanciar una deuda con la Nación. Esa causa investiga la extraña contratación de The Old Fund -firma que en el caso Ciccone se comprobó relacionada con Boudou- como asesora en esa reestructuración.
Ante la decisión de Lijo, Martínez De Giorgi podría enviar el conflicto de competencia a la Cámara Federal porteña, que tendrá la última palabra.
En la denuncia se sostiene que el imputado colaborador que declaró en el juicio oral al ex vicepresidente Amado Boudou y lo complicó en el caso habría recibido dinero de manera irregular por parte del Programa de Protección a Testigos e imputados del Ministerio de Justicia en el macrismo, para instalar un hotel en Mendoza.
Según la denuncia, Vandenbroele habría recibido 1,5 millones de pesos por parte del Programa para el hotel en Mendoza luego de las condenas resueltas en el juicio oral.
Todo comenzó con una publicación del sitio web El Destape, que contó sobre la adquisición de un hotel por parte de Vandenbroele y que el mismo habría sido la retribución por parte del Poder Ejecutivo a su declaración como imputado colaborador. A raíz de esa nota se iniciaron dos causas en Comodoro Py. La primera, que Lijo rechazó investigar este lunes, es para saber si un supuesto pago estuvo vinculado al contenido de la confesión. La otra investiga la filtración de la información de carácter reservado, como todos los legajos de las personas que integran el Programa de protección.
Mientras la Justicia federal investiga ese pago a Vandenbroele, el titular de The Old Fund denunció la semana pasada un mal manejo por parte del Estado respecto al programa que debía “garantizar seguridad y el resguardo” de su integridad física.
Vandenbroele, acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar al Gobierno de Alberto Fernández, señalando que “desde el Poder Ejecutivo, Ministerio de Justicia y sectores encumbrados del Poder judicial ponen en serio riesgo y vulneran mis derechos (…), fundamentalmente el derecho a mi integridad personal”, al conocerse datos de su legajo reservado cuando era parte del Programa de Testigos Protegidos.
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