“Crearemos un nuevo fuero federal penal que unificará a fueros penales que hoy tienen jurisdicción en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, dijo el presidente Alberto Fernández al
anunciar la reforma judicial que emprenderá su gobierno. Su mensaje estuvo estructurado en una fuerte crítica a la Justicia y más directamente, al fuero federal que radica en Comodoro Py. Criticó el “oligopolio de los jueces”, habló de justicia “manipuladora”, de manoseo en los sorteos de las causas. Sus ojos están puestos en Comodoro Py, donde hay puestos claves a cubrir: juzgados, cargos en la Cámara Federal y en los Tribunales Orales.
El presidente prometió “medio centenar de juzgados” para juzgar la corrupción, para lo cual sumará a los doce juzgados de Comodoro Py parte de los juzgados penales nacionales porteños, mientras que otra porción será transferida a la Ciudad. Según se interpreta, Alberto busca que con más jueces haya menos política en esos despachos clave
Los anuncios repercutieron en el ambiente judicial cuando, aún antes de la avalancha de nuevos jueces que prevé la reforma, en los Tribunales federales de Retiro hay al menos media docena de puestos claves para cubrir. Aunque Alberto Fernández prometió que no habrá nombramientos de “jueces amigos”, en muchos de esos puestos aún persisten causas sensibles al kirchnerismo.
De los doce juzgados de instrucción, tres deberán ser cubiertos. El primero que quedó vacante es el de Sergio Torres, que se incorporó a la Corte bonaerense y está siendo reemplazado por el juez Rodolfo Canicoba Corral. A su vez, este magistrado en junio cumple los 75 años y no se descarta que decida dejar la justicia si se modifica el sistema jubilatorio de los magistrados. Eso generaría otro sillón a cubrir.
Quien ya superó esa edad pero permanece en su despacho gracias a un amparo es María Servini, responsable del juzgado federal 1 con competencia electoral. Un puesto clave.
El juzgado federal 11 quedó vacante tras el fallecimiento del juez Claudio Bonadio. Marcelo Martínez De Giorgi lo está subrogando en principio por un año.
También quedaría libre el juzgado de Daniel Rafecas, si el Senado vota la propuesta de Alberto Fernández para convertirlo en Procurador General.
En la Cámara Federal porteña, responsable de revisar los fallos de los jueces, hay dos puestos vacantes en la Sala II, cuyo único integrante es Martín Irurzun, acusado por el kirchnerismo como supuesto autor intelectual de las de las “prisiones arbitrarias” contra ex funcionarios K.
Los Tribunales Orales, en los que finalmente se juzgan los actos de corrupción. por ahora son ocho. Peros sólo cuatro cuentan con sus tres titulares. Los demás tienen jueces subrogantes, mientras hay cuatro concursos abiertos para cubrir esos cargos. A este número debe sumarse la reciente renuncia de dos magistrados del TOF 6, que juzga en hechos de corrupción a Ricardo Jaime y a Julio De Vido. Todos estos puestos deberán cubrirse.
Otra silla vacía, aún sin reforma judicial, es la de la fiscalía de la Cámara Federal porteña, que hasta diciembre estuvo a cargo Germán Moldes. Tras su renuncia el cargo está siendo subrogado por José Agüero Iturbe.
El mapa podría cambiar mucho más si, con la reforma jubilatoria, optaran por retirarse hasta 150 jueces, según distintas estimaciones. Varios de esos retiros podrían ocurrir en el fuero federal porteño.
Mientras muchos magistrados plantearon a Clarín que sumar jueces al fuero no es algo desfavorable, persiste la desconfianza en cuanto a la “real motivación del gobierno para avanzar sobre la Justicia, y si con la ampliación no buscan politizar el fuero” más que “limpiarlo”, indicó un magistrado con vasta experiencia.
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