El gobierno interino de Bolivia rechaza un informe de Michelle Bachelet

relacionadas con el gobierno del ex presidente de BoliviaEvo Morales. Sus declaraciones fueron rechazadas de inmediato por el Ejecutivo interino de Jeanine Añez, en medio de la campaña para las elecciones presidenciales de mayo.

“La crisis postelectoral del año pasado causó al menos 35 muertes y 800 heridos, la mayoría ocurridas durante operaciones del Ejército y la Policía”, explicó Bachelet el jueves, al abrir las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En ese sentido, la ex presidenta de Chile informó del envío reciente de una misión de su Oficina para apoyar “los esfuerzos de la ONU orientados a superar la actual crisis social y política”, que comenzó tras los comicios del pasado 20 de octubre, anulados luego en medio de denuncias de fraude y una revuelta que llevó a la renuncia de Evo Morales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya alertó de la situación en diciembre al hallar “graves violaciones de los derechos humanos” durante las protestas que se produjeron tras la anulación de los resultados electorales ante las denuncias de un supuesto fraude electoral a favor de Morales, quien renunció el 10 de noviembre y ahora está refugiado en la Argentina.

Bachelet se ha referido a los altos cargos y personas de confianza de Morales, que actualmente están perseguidos por la Justicia, acusados de delitos de “sedición” y “terrorismo”.

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Son los casos de los antiguos ministros de la Presidencia y de Cultura y Turismo, Juan Ramón Quintana y Wilma Alanoca, quienes permanecen junto a otras autoridades en la embajada de México en Bolivia, sin poder salir del país.

Hay otros antiguos altos funcionarios encarcelados, como el ex ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, detenido esta semana tras ser acusado de haber ejercido de manera “indebida” su cargo, y de incumplimiento de deberes, tráfico de influencias y prolongación de funciones, al designar de “manera irregular” a Juan Carlos León como encargado del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Y Carlos Romero, ex titular del Ministerio de Gobierno, en la cárcel tras ser hallado culpable de un caso de corrupción en la Unidad de Lucha Integral Contra el Narcotráfico.

El gobierno interino de Bolivia respondió enseguida a las declaraciones de Bachelet.

“No aceptamos ese ataque contra Bolivia”, aseguró en un comunicado la Cancillería. “Llama la atención la subjetividad del informe. Subjetividad que refleja apreciaciones erróneas sobre la situación de los Derechos Humanos en Bolivia”, destaca el texto, y agrega que el gobierno interino “está comprometido con la promoción y protección de los Derechos Humanos”.

Fuente: EFE y DPA