Zannini contrató más abogados en Estados Unidos para defender la estatización de YPF, por US$ 1,6 millón

sigue avanzando en los tribunales de Nueva York: el juicio por la expropiación de YPF, en 2012. Para defender los intereses argentinos ante el reclamo del fondo Burford, el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, sumó a otro estudio de abogados estadounidenses, con un contrato de 1,6 millón de dólares cerrado sin licitación.

​​Según informó El Cronista, Zannini habría contratado hace tres semanas al estudio Sullivan & Cromwell LLP, al que le pagará 96,2 millones de pesos -1,6 millón de dólares- por un lapso de diez meses.

Lo curioso es que en el litigio que Burford lleva adelante contra la Argentina en la corte de la jueza Loretta Preska el país ya está patrocinado por el bufete Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, que seguirá trabajando en el proceso.

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La jueza Preska, que comanda el tribunal que durante décadas dirigió el fallecido juez Thomas Griesa, debe decidir si el reclamo de Burford y otros fondos de inversión seguirá tramitándose en Estados Unidos o se trasladará a los tribunales argentinos, como pretende el gobierno.

Burford, reclama un pago que promediaría los 3.000 millones de dólares por la falta de indemnización a las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora cuando el Estado argentino expropió sus acciones en YPF, que representaban el 25% de la petrolera. Las dos empresas terminaron quebrando, y la justicia española -donde tenían su sede jurídica- vendió los derechos de esas firmas a hacer un reclamo judicial por la expropiación de aquellas acciones en 2012. Burford compró la mayor parte de esos derechos e inició un reclamo en Nueva York.

Por el contrario, los abogados de Argentina entienden que la expropiación de YPF fue un acto soberano que ocurrió en el país, por lo que debe tramitarse en juzgados locales. Para eso, presentaron un pedido (su nombre legal es “forum non conveniens”), por el que tienen que volcar argumentos.

Los abogados de Sullivan & Cromwell comenzaron a trabajar el 5 de febrero en este caso. Vienen de cosechar un éxito en la representación de los intereses argentinos frente al reclamo del fondo Aurelius, que querelló al país por la supuesta alteración de las estadísticas públicas que, al reducir la tasa del crecimiento de la economía permitieron no pagar un cupón vinculado al PBI que tenían los tenedores de la deuda emitida por el gobierno de Néstor Kirchner y su ministro Roberto Lavagna.

La posición de Zannini en el conflicto de YPF es singular: era el secretario Legal y Técnico de la presidencia cuando se concretó la expropiación de la petrolera hasta 2012 bajo control de la española Repsol. Y ahora, como procurador, es el jefe de los abogados del Estado que debe defender al país de los posibles perjuicios económicos causados por aquella decisión.