Voces de diferentes ámbitos pero en concordancia con una posición concreta salieron a oponerse esta semana a la posible designación de la abogada especialista en niñez Marisa Graham como
Se espera que este viernes el Senado avance en la designación de Graham, que plantea como objetivo central de su accionar la lucha contra el hambre y la pobreza en los niños y niñas de 0 a 14 años porque “no hay agenda que pretenda garantizar los derechos de los niños y adolescentes sino comienza por el tema del hambre y la pobreza”, según dijo.
Marisa Graham trabaja en la protección de los derechos de los niños y adolescentes desde hace 30 años. Y es, además, un defensora del derecho al aborto libre, legal y gratuito, cuyo proyecto de legalización se espera que este domingo sea anunciado por el presidente Alberto Fernández en la apertura del año parlamentario. Frente a esta posición de Graham, es que surgieron dos voces de pesos sumamente críticas.
Ignacio M. de la Riva -profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Católica Argentina– se expresó de manera contundente mediante un texto de su autoría titulado: “Por qué Marisa Graham no debe ser nombrada defensora del niño”.
“La sola perspectiva de que tal nombramiento pueda concretarse provoca honda sorpresa y rechazo en muchos de cuantos estamos siguiendo la cuestión con atención, dadas las declaraciones que la candidata vertió tiempo atrás cuando anticipó que, en caso de ser nombrada, no velará por la defensa de todos los niños, sino únicamente por la de aquellos que hayan sido deseados por sus padres. Sus palabras exactas fueron: ‘Yo voy a defender a los niños de aquellos embarazos que quieran llegar a término“, arranca.
Sigue: “El problema, en este caso, no reside en la postura favorable al aborto libre de la candidata, sino en su explícita voluntad de anteponer sus convicciones por encima de los deberes del cargo para el cual se postula”.
Se pregunta de la Riva: “¿Cómo podrían conciliarse las exigencias de dicho cargo con la abierta negativa de la Señora Graham a defender la vida de determinados niños por nacer, con el único argumento de que no son deseados por sus padres? ¿O será que ella pretende moldear un cargo a su gusto, con absoluta prescindencia de lo que establecen las leyes dictadas al efecto?”.
Y agrega: “Si “todo niño” tiene “derecho intrínseco a la vida”, si se es niño desde la concepción, si su interés superior merece una consideración primordial por parte de las autoridades: ¿cómo justificar que quien se postula para defender ese derecho claudique anticipadamente a hacerlo por no contrariar un deseo, y siga de todos modos siendo considerada idónea para el cargo?”
Por su parte, la Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles (PRODECI) presentó un pedido de revocación contra la Resolución N° 03/2019 de la Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso.
Mediante aquella resolución -expresaron sus autoridades en un comunicado-, la Comisión Bicameral buscó aclarar que el plazo previsto en el Reglamento del Concurso Público de Antecedentes y Oposición para la designación del Defensor“ debe computarse como 180 días hábiles legislativos desde que se efectúa la elevación de la propuesta del candidato a ambas Cámaras del Congreso. De ese modo, “la Comisión pretendía avanzar con un procedimiento que para entonces se encontraba caduco por el decaimiento de los plazos”.
“Además de tardía por encontrarse vencido al tiempo de su dictado el plazo en cuestión, carece de todo sustento legal –no existe la figura del día hábil “legislativo” en nuestro ordenamiento jurídico-, y por tal motivo erosiona gravemente el marco institucional que debe presidir la designación de una figura de tal relevancia”, agregaron.
“Desde PRODECI no podemos dejar de insistir acerca de la insuperable contradicción que supondría designar como Defensora a quien ha manifestado abiertamente que defenderá exclusivamente a los niños “deseados”. Es indiscutible que quien asuma semejante función debe velar por la protección de todos los niños, incluyendo –como es obvio- a los niños por nacer -que, de acuerdo a nuestras leyes, son tan niños como los ya nacidos-, con independencia de los deseos de sus padres”.
El comunicado lleva la firma de Miguel Haslop y Francisco Roggero, presidente y secretario de la entidad. Culmina de la siguiente forma: “Abogamos para que tal designación se realice sobre la base de un Concurso Público transparente y libre de vicios. Esperamos que los señores Diputados y Senadores sepan escuchar las sobradas razones que fundamentan el llamado a un nuevo Concurso Público, y actúen con conciencia y responsabilidad”.
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