Diputados de la oposición advirtieron que, además de cambios en las jubilaciones, el proyecto aprobado hoy en Diputados, cambia el régimen de suplencias de jueces, lo que impedirá a la Justicia nombrar
jueces jubilados como suplentes y permitirá al Gobierno nombrar conjueces en tribunales que investigan las causas de corrupción.
La legisladora de Juntos para el Cambio, Graciela Ocaña dijo a Clarín que la “maniobra escondida consiste en derogar el artículo 16 de la ley 24.018 que establecía la posibilidad de que la Justicia convoque a jueces jubilados para cargos vacantes”, mientras trascurre el proceso para nombrar a un nuevo magistrado. El presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, estimó que por esa nueva ley renunciarán unos 150 jueces y funcionarios que ya tienen edad de jubilarse.
Por su parte, el diputado de Juntos para el Cambio, Pablo Tonelli, también manifestó su preocupación por la derogación del artículo 16 de la ley 24.018 que “se metió el miércoles a último momento por pedido del diputado Leopoldo Moreau“. El legislador y abogado dijo que esa derogación “hace jurídicamente dudoso nombrar, a partir de ahora, a jueces jubilados” por parte de la propia Justicia.
Tonelli afirmó que al proyecto de modificar las jubilaciones hay que unirlo al “desmantelamiento del programa de testigos protegidos, el video del Presidente (Alberto Fernández) hablando del relato del lawfare, el proyecto para intervenir la justicia de Jujuy, más el proyecto para terminar con las prisiones preventivas” porque todo ello marca “un atentado a la autonomía de la Justicia”.
Si el Senado convierte el proyecto en ley, agregó Ocaña, quedará en “vigencia la 27.145, que es la ley de subrogaciones que establece que ante una vacante, el gobierno confeccionará una lista de conjueces, quienes deberán aprobar un examen en el Consejo de la Magistratura (donde el oficialismo es la primera minoría) y luego el Senado le de el acuerdo”. En la cámara alta, el peronismo tiene mayoría.
Efectivamente, el artículo 18 del proyecto de ley que tiene media sancion desde hoy dice textualmente: ”Derógase los incisos a), b), c) y e) del artículo 16 de la Ley N° 24.018”.
El artículo 16 de la ley 24.018 dice que “los magistrados y funcionarios jubilados en virtud de disposiciones legales específicas para el Poder Judicial de la Nación conservarán el estado judicial y podrán ser llamados a ocupar transitoriamente en los casos de suspensión, licencia o vacancia, el cargo que desempeñaban en oportunidad de cesar en el servicio u otro de igual jerarquía del Poder Judicial o del Ministerio Público de la Nación”. Es decir que la Justicia puede convocar a jueces jubilados. Así por ejemplo, los jueces José Martínez Sobrino y Julio Panelo, ambos integrantes del Tribunal Oral Federal (TOF) N°6, que juzga el caso de la compra irregular de trenes chatarra, podría seguir en sus cargos. Pero al derogarse ese artículo, podría ser reemplazados por conjueces nombrados por el Gobierno, contó Ocaña.
De aprobarse la nueva ley de jubilaciones de los jueces, además, quedará entonces en vigencia la ley de subrogancias número 27.439, afirmó Ocaña.
Explicó que esa ley 27.439 en su artículo 2°, dice que ante una vacante la cámara de apelaciones respectiva “procederá a la designación de un juez subrogante dentro de los tres días de ocurrida la causa que motivara la subrogancia, y de acuerdo al siguiente orden: con un juez de igual competencia y de la misma jurisdicción territorial y con un conjuez integrante de la lista confeccionada” por el Gobierno.
Para Ocaña se trata de un proyecto parecido a la “democratización de la Justicia” que impulsó Cristina Kirchner en su segundo mandato presidencial para “colonizar” el sistema judicial y la Corte Suprema declaró inconstitucional.
Ocaña, estimó que el recorte a las jubilaciones judiciales podría provocar “un 50 por ciento de las vacantes en fiscalías y tribunales” federales que investigan los casos de corrupción.
En declaraciones a Radio Rivadavia, Ocaña señaló además que con esta iniciativa “el Gobierno quiere hacer detonar a la Justicia” y añadió que “con este avasallamiento, el Gobierno busca conseguir impunidad para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos y sus ex funcionarios” procesados.
En ese sentido, sostuvo también que “el oficialismo pretende cooptar al Poder Judicial disfrazándolo de una ley anti-privilegios”.
La legisladora nacional dijo que este proyecto que se aprobó en la Cámara baja, con la ausencia de la oposición, “cambiaría el sistema de subrogancia y elimina el estado judicial para que jueces jubilados puedan ser llamados a cubrir vacantes”.
“Ahora quieren provocar la renuncia masiva de jueces y fiscales, la cual podría alcanzar a casi la mitad del Poder Judicial, paralizando causas y habilitando la discrecionalidad para nominar a dedo a los jueces que deben investigar la corrupción kirchnerista”, agregó.
En un comunicado sostuvo: “Queremos advertir a la sociedad que no se sorprenda si para completar esta maniobra quieran reformar luego todo el régimen de subrogancias”.
TEMAS QUE APARECEN EN ESTA NOTA
CARGANDO COMENTARIOS
Clarín
Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? Hace clic acá y te lo volvemos a enviar.
Clarín
Para comentar nuestras notas por favor completá los siguientes datos.