El Gobierno busca este jueves darle media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto que modifica las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos.
Pese a que desde Juntos
por el Cambio habían adelantado que no iban a dar quórum, el Gobierno consiguió un minuto antes de las 13 horas los 129 legisladores necesarios y ya se debate el proyecto en la Cámara Baja.
SIn embargo, el inicio de la sesión generó una fuerte polémica entre el oficialismo y la oposición, que aseguró que el quórum había sido conseguido de manera anómala.
Según Juntos por el Cambio, la presencia de Daniel Scioli, designado embajador en Brasil por Alberto Fernández, es inválida. Tras una serie de decisiones, el interbloque presidido por Mario Negri se retiró del recinto.
“El oficialismo pretende cooptar al Poder Judicial disfrazándolo de una ley anti-privilegios. Es el corolario de un proceso que busca avasallar el Poder Judicial. Quienes den quórum serán cómplices de esta maniobra, si no aceptan la cláusula es claro que solo van por el Poder Judicial”, apuntaron los legisladores de Juntos por el Cambio el miércoles a última hora, después de que fracasaran las negociaciones con el Frente de Todos.
El Frente de Todos logró, tras más de cinco horas de debate en el plenario de comisiones de Presupuesto y Previsión Social, emitir un dictamen de mayoría que incluyó modificaciones respecto al texto original enviado por el Ejecutivo.
El despacho contó con el acompañamiento de dos legisladores clave: el cordobés Paulo Cassinerio –que responde al gobernador Juan Schiaretti y forma parte del Interbloque Federal que conduce Eduardo “Bali” Bucca- y el misionero Diego Sartori que integra la bancada conducida por el mendocino José Luis Ramón y firmó en disidencia.
La Izquierda, por su parte, firmó un dictamen propio, pero dio quórum para la sesión.
Entre las modificaciones que ya incorporaron al dictamen se decidió mantener la edad jubilatoria de mujeres judiciales en los 60 años -como hasta ahora- y elevar a 65 la de los varones, de forma escalonada, como estaba previsto.
Además, eliminaron el inciso que estipula la necesidad de haberse desempeñado como mínimo 20 años en el Poder Judicial o en el Ministerio Público, aunque sostiene el requisito de haber trabajado, como mínimo, 10 años de corrido o 15 de manera discontinua.
A su vez, retocaron un artículo para clarificar la forma en que se van a calcular los aportes: fijaron que se aplicará el 82% móvil sobre el promedio de las remuneraciones –de los últimos 10 años- actualizadas al valor del salario correspondiente a cada categoría del cargo vigente al momento del cese. Es decir, teniendo en cuenta los sueldos al valor actual y no lo que el funcionario percibió cuando desempeñó en dicha actividad.
Otro punto no menor es la eliminación del inciso permitía que magistrados y funcionarios jubilados pudieran ser convocados como reemplazos en casos de licencias o vacancias.
“El sistema de financiamiento de seguridad social no tolera más regímenes tan diferenciales porque vamos a tener problemas severos de financiamiento”, advirtió Moroni durante su exposición. “El régimen jubilatorio del Poder Judicial como el del Servicio Exterior son deficitarios. Entre ambos regímenes el déficit superó los 11.000 millones de pesos en 2019″, agregó Vanoli en la defensa del texto.
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