El imputado colaborador, Alejandro Vandenbroele, acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDDHH) para denunciar al Gobierno de Alberto Fernández, señalando que “desde el Poder Ejecutivo, Ministerio de Justica y
sectores encumbrados del Poder judicial ponen en serio riesgo y vulneran mis derechos (…), fundamentalmente el derecho a mi integridad personal”, al conocerse datos de su legajo reservado cuando era parte del Programa de Testigos Protegidos.
Mientras la Justicia federal investiga si Alejandro Vandenbroele, señalado testaferro de Amado Boudou, recibió dinero por parte del Gobierno de Mauricio Macri para confesar en una causa conexa al Caso Ciccone (la ex calcográfica) y así, perjudicar al ex vicepresidente, el dueño de The Old Fund denunció un mal manejo por parte del Estado respecto al programa que debía “garantizar seguridad y el resguardo” de su integridad física.
Estos conceptos fueron plasmados en su renuncia la semana pasada, al Programa que depende del Ministerio de Justicia. Allí denunció irregularidades de la actual gestión en la reserva de “información confidencial”, apuntó contra funcionarios del área de Justicia y sostiene que el Gobierno puso “en riesgo de forma evidente” su seguridad.
Bajo dichos términos, el viernes pasado Vandenbroele renunció al Programa de protección. Había ingresado al mismo en noviembre de 2017, cuando decidió colaborar con uno de los expedientes vinculados al caso Ciccone. Por esta causa, Amado Boudou fue condenado a cinco años y 10 meses por cohecho y negociaciones incompatibles.
Ahora, presentó una denuncia ante la CIDDHH donde sostuvo el gobierno de Alberto Fernández, “desde el poder Ejecutivo y el Ministerio de Justicia y sectores encumbrados del Poder judicial ponen en serio riesgo y vulneran mis derechos (…) fundamentalmente el derecho a mi integridad personal desde que se divulgó mi legajo personal y confidencial en el Programa de Protección de Testigos”.
En el escrito al que accedió Clarín, sostuvo que no cuenta con recursos judiciales adecuados para “protegerme de la acción del Estado en este momento, habiendo denunciado ante el juez que aceptó mi arrepentimiento la situación descripta pero temo una embestida imposible de ser repelida por él”.
Por ello, solicitó ante el organismo internacional que intervenga para que con dicho accionar “haga cesar esta situación por parte del estado argentino y requerirle la adopción de otras medidas o acciones estatales para preservar mi integridad física, moral y libertad”.
Después que se conociera un artículo periodístico del sitio El Destape contando detalles sobre su legajo reservado y exponiendo la posibilidad de que haya recibido dinero del gobierno de Mauricio Macri para que perjudicara con su confesión al ex vicepresidente de Cristina Kirchner, el ex titular de The Old Fund -accionista en un 60% de Ciccone- decidió renunciar al programa.
A raíz de la publicación del sitio web, que contó sobre la adquisición de un hotel por parte de Vandenbroele y que el mismo habría sido la retribución por parte del Poder Ejecutivo a su declaración como imputado colaborador, se iniciaron dos causas en Comodoro Py. La primera para saber si un supuesto pago estuvo vinculado al contenido de la confesión, y la otra investiga la filtración de la información de carácter reservado, como todos los legajos de las personas que integran el Programa de protección.
La segunda investigación persigue el circuito de la información que, para las anteriores autoridades del Programa, se filtraron por parte del actual Gobierno tratándose de “legajos reservados”.
El abogado y empresario se defendió ante las acusaciones, señaló que así como se dio cumplimiento a lo impuesto por el programa que exige reserva del domicilio, la restricción de uso de teléfonos celulares, redes sociales, entre otros aspectos para preservar la integridad de quien es parte del mismo, considera que también cumplió con lo que demandaba la Ley del Imputado Colaborador, respecto a “brindar información, datos precisos, comprobables y verosímiles en las causas involucrado”.
En consecuencia, expuso que sus dichos fueron “corroborados” y que los mismos fueron de “utilidad para el esclarecimiento de los sucesos investigados en dichos expedientes y en otros conexos, todo lo cual fue ratificado por los fiscales y el juez interviniente”. Fue el juez Ariel Lijo quien homologó el acuerdo de colaboración que Vandenbroele firmó con el fiscal Jorge Di Lello.
El dueño de TOF acudió a la CIDDHH y allí expuso seis aspectos que fundan su planteo:
1- Primero, indicó que hubo una “Filtración y difusión mediática ilegal de mi legado perteneciente al programa de protección -el cual es estrictamente confidencial”-. Al respecto, indicó que esto “comprometió mi seguridad de manera exponencial y sometiéndome a un intento de escarnio público con fines de generar un beneficio procesal entre condenados pertenecientes al espacio político del nuevo gobierno”.
2- Por otro lado y en segunda instancia, remarcó que hubo una “inacción y falta de respuesta de parte del programa de protección de testigos ante dicha difusión y divulgación, pese a mis reiterados pedidos”.
3- Continuando con sus planteos, añadió que las declaraciones públicas de miembros del poder ejecutivo y miembros del poder judicial -en especial del presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Alberto Lugones- sobre su condición de arrepentido “pago y/o trucho” constituyó “un claro prejuzgamiento y una coacción hacia los fiscales y jueces intervinientes en una causa abierta en que se investiga el contenido de las filtraciones.
4- Para sostener su acusación, Vandenbroele sostuvo en cuarto lugar que le generó inseguridad la vuelta a la órbita del Poder Ejecutivo Nacional (Ministerio de Justicia) del Programa de Protección de Testigos por derogación del decreto que había firmado el ex Presidente Mauricio Macri once días antes de dejar la Casa Rosada. “Esto expone a los testigos que declararon contra miembros y/o personas del espacio político del actual gobierno a la peligrosa e inédita situación de estar supuestamente protegidos por los denunciados o personas afines”, expresó.
5- En quinto lugar, se enfocó en las declaraciones públicas del Secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, “efectuadas el día 20 de febrero pasado en la cual expresamente toma postura contra mi persona, mi conducta y el accionar legal del programa de protección hasta la fecha”.
6- Al concluir los seis puntos que expuso, el abogado añadió que “la destitución de las autoridades del Programa de Protección de Testigos e Imputados Colaboradores por parte del Dr. Mena con fecha 21 de febrero pasado y para la designación de autoridades afines a su espacio político”.
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