Aníbal Fernández, actual interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), y la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, aunaron criterios. Y prometieron que la usina de carbón debe concluirse a toda costa.
Si se tienen en cuenta los gastos incurridos hasta ahora y los que faltan hacerse para terminarse, se podría tratar de la obra de generación eléctrica más cara del país. Y, probablemente, según fuentes técnicas, la “más ineficiente”.
La construcción de esta usina de carbón y térmica está bajo investigación judicial. Se encuentra sospechada de sobreprecios del 90%. Hasta ahora, ya se desembolsaron US$ 1.600 millones y faltan otros US$ 240 millones para terminarlas.
Si se concluye, Rio Turbio aportará 200 Mwh, lo que en el sector se llama “mega”. Cada “mega” terminará costando más de US$ 900 dólares. Es 12 veces más de lo que cuesta un “mega” de generación térmica, que no llega ni a US$ 70.
El país cuenta con 25.000 MwH de demanda en materia energética. Durante las gestiones anteriores del kirchnerismo, hubo proyectos de ampliación de esa capacidad que quedaron inconclusos. Cristina Kirchner licitó la Usina Termoeléctrica de Río Turbio en Santa Cruz, una obra diseñada para dos calderas. En 2015, en plena campaña electoral, inauguró sólo una de ellas, que a las 48 horas dejó de funcionar.
Isolux Corsán -a cargo de la construcción- admitió tiempo después que esa inauguración “no correspondía y que terminó dañando el sistema” de la planta. A los dos días del acto electoral de la actual vicepresidenta, la usina se apagó y nunca más volvió a funcionar.
La administración de Macri recibió la obra con un avance de más del 80%. Calculó que faltaban US$ 240 millones para terminarla y que “no era redituable”.
Entre lo ya gastado y lo que debería, Río Turbio demandaría casi US$ 1900 millones. La obra generaría, en papeles, alrededor de 240 MwH. “No generará siquiera 240 MwH porque 40 de los mismos los utiliza la propia usina para su funcionamiento”, detallan ex funcionarios que estuvieron al tanto del proceso.
En definitiva, serían 200 “mega” . Cada uno tendrá un costo cercano a los US$ 900. El Gobierno no está dispuesto a pagar ni US$ 70 por “mega”. Si convalida esos precios, estaría avanzando con un precio 12 veces más cara que el actual.
Mientras se discutía su eficiencia y costos, el juez Luis Rodríguez, investigó irregularidades en la construcción. Entre ellas, el manejo de $ 26.000 millones que debían destinarse a la puesta en valor de YCRT. Ese caso llevó a la cárcel a Julio De Vido acusado de malversar $ 176 millones. Hoy cumple prisión domiciliaria.
Según la SIGEN, la obra que el kirchnerismo busca reflotar modificó 11 veces su costo inicial, elevando su valor a U$S 1.631.355.105, cuando fue adjudicada por U$S 857.341.128: los adicionales de la obra incrementaron el 90,28% del contrato original.
El informe pericial al que accedió Clarín, confirmó las sospechas: “La oferta realizada por la UTE quien fijó los costos en un valor de U$S 857.341.128 equivalente a 2.662 millones de pesos. Sin embargo, como consecuencia de las variaciones y posteriores contrataciones otorgadas a Isolux Corsán en el marco del mismo proceso licitatorio, el nuevo valor de contrato ascendió a U$S 1.726.251.982”.
El valor del sobreprecio arrojado por los peritos es incluso superior al que había determinado la SIGEN. El actual interventor que no desconoce el proceso judicial, señaló que el mismo “debe ir por el carril que corresponde”, pero que la obra debe concluirse: “No vamos a privar a una provincia de generar energía, la obra se va a terminar”, dijo a Clarín.
Durante los últimos cuatro años, la obra que estuvo quedó detenida. La gestión de Mauricio Macri consideró que al ser una obra bajo investigación judicial por irregularidades en los procesos de certificaciones y pagos, presuntos sobreprecios y falencias en su construcción, la misma no debía continuar.
Isolux, que hizo la obra de Río Turbio, está investigada en la causa de los Cuadernos de las Coimas, por el pago de sobornos a ex funcionarios del extinto Ministerio de Planificación Federal.
En este contexto, el gobierno macrista rescindió el contrato con la firma española que después entró en concurso de acreedores.
TEMAS QUE APARECEN EN ESTA NOTA
CARGANDO COMENTARIOS
Clarín
Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? Hace clic acá y te lo volvemos a enviar.
Clarín
Para comentar nuestras notas por favor completá los siguientes datos.