El juez de Control y Garantías de La Banda y Robles, en Santiago del Estero, José Luis Torrelio, dispuso que Sergio Marcelo Paz, un hombre diabético denunciado por su pareja, Laura
Raquel Ferreyra, reciba “en carácter humanitario” cinco mil pesos mensuales de parte de ella. Así lo informó el diario El Liberal.
La pensión se pagaría para costear los medicamentos de Paz, quien es insulinodependiente. El acusado tiene una prohibición de acercamiento a la vivienda en la que vivía con Ferreyra, en la ciudad de La Banda.
El magistrado argumentó que la medida tendría una vigencia de 90 a 180 días, puesto que el sostén del imputado eran dos negocios que tenía en conjunto con la denunciante, a quien no puede acercarse.
De acuerdo con El Liberal, Pablo Brizuela, el abogado de la mujer, presentó una denuncia contra Paz el 12 de febrero por “amenazas coactivas”. Tras la resolución del juez Torrelio, el abogado adelantó al diario provincial que pedirá la nulidad de una audiencia realizada el 20 de enero porque no contaba con la presencia de Ferreyra. En un petitorio también señaló una “violación de la garantía constitucional del debido proceso y transgresión de derechos fundamentales de defensa en juicio e inviolabilidad de la propiedad”.
Brizuela sostiene además que “el extraño fallo dictado por el juez de Control tendrá el efecto de disuadir las futuras denuncias de violencia de género, ya que se ordenó que la víctima debía entregar al agresor la suma de $5000 mensuales por el período de 90 días, para supuestamente afrontar gastos medicinales que no se encuentran acreditados”.
En el pedido de nulidad, el abogado querellante señala que “el agresor, a partir del fallo en cuestión, pasará a tener la consideración de un hijo más al que tendrá que mantener (Ferreyra), por el hecho de que supuestamente está afectado de la enfermedad de diabetes, que sin embargo no le impide en modo alguno ejercer actividad lucrativa para así mantenerse y mantener a los siete hijos que también son de él”.
Por otro lado, uno de los abogados de Paz, María del Valle Rodríguez, manifestó al diario santiagueño estar de acuerdo con el fallo y esgrimió: “Consideramos que tanto los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley y la señora (Ferreyra) ha utilizado su denuncia por el delito de amenazas para excluir a nuestro cliente de su hogar y enajenar los bienes que han adquirido durante la unión convivencial de 25 años”.
Por el momento, informó El Liberal, la fiscalía contará con tres meses para profundizar en la investigación con testimoniales, un informe socioambiental y posiblemente Cámara Gesell a los dos hijos adolescentes de la unión.
LGP
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