El testigo arrepentido de la causa Ciccone, Alejandro Vandenbroele, se baja del programa de Protección de Testigos. Fue un día después de rechazar haber recibido plata para declarar contra Amado Boudou, quien
está detenido en el marco de esa causa. Siguió el camino de Leonardo Fariña quien había renunciado al plan en noviembre de 2019.
La información ahora fue confirmada por el periodista Nicolás Wiñazki en TN: “Se siente amenazado por las propias autoridades que ahora manejan este programa de testigos”, dijo. En las últimas horas, se supo que el Programa va a quedar bajo la órbita del Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia que conduce Marcela Losardo.
Días atrás, la Justicia inició una investigación para determinar si, en el marco del programa de Protección de Testigos, Vandenbroele recibió pagos por 1,5 millones de pesos para abrir un hotel boutique en Mendoza y si ese eventual desembolso influyó en su declaración contra el ex vicepresidente Amado Boudou.
“Nadie me pagó ni me ofreció dinero para declarar contra Amado Boudou”, había dicho Vandenbroele. Agregó: “Yo puedo entender que desde un sector político digan que soy un arrepentido trucho, pero no puedo entender que ciertos sectores del poder judicial digan que soy un arrepentido trucho”.
La investigación por presuntas irregularidades en la declaración de Vandenbroele se inició en febrero de este año, en relación a una nota publicada por el portal de noticias El Destape titulada “El macrismo le puso un hotel boutique a Alejandro Vandenbroele, arrepentido clave para condenar a Amado Boudou”.
Vandenbroele dijo a La Nación cuando se le consultó por el hotel: “No es un hotel, es una posada. No es lo mismo. No puedo dar precisiones porque estoy sujeto al régimen de confidencialidad como testigo protegido, pero sí puedo decirle que al entrar a ese programa, tuve que dejar de trabajar por razones de seguridad y está previsto por ley que a cada protegido se le asigne una suerte de ‘mensualidad’ para mantenerse, primero, y para reinsertarse en la sociedad cuando el régimen se flexibiliza. ¿Y quiere saber algo más? Desde mediados de 2019 dejaron incluso de girarme ese dinero”.
Este misma semana, Amado Boudou había dicho desde la cárcel: “El Gobierno de Macri le pagaba a testigos y también a jueces con cargos. Al juez que me condenó lo ascendió por decreto a la Cámara Federal, ni siguiera fue que ganó un concurso. Acá hubo testigos, peritos y jueces truchos”.
A fines de noviembre, el arrepentido Leonardo Fariña había renunciado al Programa de Protección de Testigos. El ex valijero, que había denunciado parte en una estructura de lavado de dinero que involucraba a Lázaro Báez, planteó que no quiere ser “cuidado por el próximo gobierno”.
Entre otras cosas, señaló en ese momento que tenía “conflicto de intereses” con la gestión que iba a asumir el 10 de diciembre (en referencia al gobierno de Alberto Fernández) por el contenido de sus confesiones.
El Programa de Testigos e Imputados cuenta con más de 200 personas bajo este régimen, pero apenas unos 15 testigos que ingresaron en el marco de investigaciones de corrupción como Ciccone o la causa de los cuadernos.
En este último grupo se encuentran el ex secretario de Obras Públicas José López, detenido infraganti cuando trasladaba 9 millones de dólares a un convento de General Rodríguez; Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, número 2 de Julio de Vido en Planificación Federal y cuyo cuaderno de las coimas fue la hoja de ruta que utilizó la Justicia para avanzar en la investigación; y, hasta hoy, Alejandro Vandenbroele, cuyo testimonio fue clave en el expediente por la compra de la ex Calcográfica Ciccone.
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