Alberto Fernández ya firmó el decreto y el Gobierno volverá a controlar el programa de Protección de Testigos

urgencia que transformó el Programa de Protección a Testigos e Imputados, en una Agencia autárquica integrada por representante de los tres poderes del Estado.

Así lo confirmaron a Clarín altas fuentes oficiales, que precisaron que Alberto F. ya puso su firma para la derogación del DNU 795/19. Y que su publicación en el Boletín Oficial es inminente.

El 28 de noviembre pasado, a 11 días de dejar el poder y en medio de polémica con el kirchnerismo y el rechazo de la Justicia, Macri creó una agencia y dispuso que sea conducida por un funcionario con rango de director nacional, propuesto por el Ministerio de Justicia y elegido por el Poder Ejecutivo Nacional; y por un consejo consultivo compuesto por el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, y un representante de la Procuración General de la Nación y otro del Ministerio de Seguridad.

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Entre los argumentos que enumera el texto del decreto que firmó Fernández se recuerda que la Cámara Federal de Casación Penal se pronunció sobre el decreto y expresó su preocupación “por la compatibilidad de su aplicación en relación a las atribuciones constitucionales y legales” de esa cámara.

Por otro lado, sostiene que cuando Macri tomó la decisión “no existieron circunstancias excepcionales” para firmar el DNU, según prevé el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional para evitar el trámite ordinario para la sanción de una ley en el Congreso.

“No se observan elementos objetivos que fundamenten las razones de necesidad y urgencia que conllevan el dictado de dicha herramienta”, argumenta el texto. Y recuerda que el programa “se mantuvo sin variación durante más de 16 años, hasta días antes de la finalización del mandato del gobierno anterior“.

Por ese motivo, apunta se debe “restablecer el diseño institucional del programa, tal como fue creado por la ley que le dio origen”. Es decir, por la 25.764, de 2003, y la 27.304, del “colaborador eficaz” sancionada en 2016 bajo el gobierno anterior. De esta manera, y aunque no se avanzó en la puesta en marcha de la Agencia, desde lo formal el programa volverá a quedar bajo la órbita del Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia que conduce Marcela Losardo. 

La decisión de Macri se dio luego de que, tras el triunfo del Frente de Todos en las elecciones del 27 de octubre, un grupo de testigos transmitiera su preocupación ante el recambio de gobierno, ante la posibilidad de que se filtraran datos sobre su paradero y fuera eje de represalias por parte de ex -y actuales- funcionarios perjudicados por su testimonio.  

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Lo concreto es que el Programa de Testigos e Imputados cuenta con más de 200 personas bajo este régimen, pero apenas unos 15 testigos que ingresaron en el marco de investigaciones de corrupción como Ciccone o la causa de los cuadernos.

En este último grupo se encuentran el ex secretario de Obras Públicas José López, detenido infraganti cuando trasladaba 9 millones de dólares a un convento de General Rodríguez; Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, número 2 de Julio de Vido en Planificación Federal y cuyo cuaderno de las coimas fue la hoja de ruta que utilizó la Justicia para avanzar en la investigación; y Alejandro Vandenbroele, cuyo testimonio fue clave en el expediente por la compra de la ex Calcográfica Ciccone.

Precisamente, días atrás, la Justicia inició una investigación para determinar si, en el marco del programa de Protección de Testigos, Vandenbroele recibió pagos por 1,5 millones de pesos para abrir un hotel boutique en Mendoza y si ese eventual desembolso influyó en su declaración contra el ex vicepresidente Amado Boudou.