Este miércoles, la familia Báez escuchó la primera acusación de las querellas intervinientes en el caso, en su contra. La AFIP, que había iniciado su alegato hace dos semanas, pidió una condena
de ocho años de prisión efectiva. El organismo recaudador, solicitó para los hijos de Lázaro Báez: siete años de detención efectiva para Martín, cinco para Luciana y Leandro y para la menor de los hermanos, Melina, una prisión de cuatro años.
“Se ha probado en este juicio que Lázaro Báez”, sus hijos, Leonardo Fariña, Federico Elaskar, Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín, Fabián Rossi y los demás acusados, “formaron parte de la banda con roles asignados”, que mantenían “fluidos contantes entre ellos”, dijo la AFIP durante su alegato al referirse a la habitualidad de la maniobra de lavado de dinero que los condujo a todos a juicio oral. “Lázaro Báez siempre desde la sombra daba las órdenes que los demás integrantes de la organización debían cumplir”, señaló la querella en su planteo durante la etapa de alegatos en el juicio de “la ruta del dinero K”.
Ante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), integrado por los jueces Néstor Costabell, María Gabriela López Íñiguez y Adriana Pallioti, la AFIP pidió que “la banda” que actuó “con habitualidad para cometer las maniobras delictivas” que ascendieron al blanqueo de U$S 60 millones, sean condenados. Contra Báez pidieron la mayor de las penas: ocho años de prisión efectiva y una multa de seis veces del dinero aplicado a operaciones de lavado.
El ex socio comercial de Cristina Kirchner, cumplirá el 5 de abril cuatro años desde que fue detenido por el juez del caso, Sebastián Casanello. Pese a haber obtenido la excarcelación, el magistrado le dictó la prisión preventiva en una investigación vinculada a la Ruta del Dinero K que fue confirmada por la cámara federal porteña poco antes de escucharse el alegato de la AFIP.
Del extenso listado de acusados: 25 en total, la AFIP se refirió de forma puntual a los hijos del empresario K, la abogada de la querella sostuvo que Luciana, Martín (preso desde el año pasado), Leandro y Melina, no están acusados por ser “hijos de Báez” sino porque “todos actuaron con conocimiento de las acciones que cometía su padre”. Los cuatro hermanos Báez, fueron los beneficiarios finales de las cuentas radicadas en bancos Suizos utilizados para la expatriación de los fondos utilizados para las operaciones de lavado.
El juez Sebastián Casanello procesó tres veces al socio comercial de Cristina Kirchner, por lavado de dinero cuyo delito precedente fue considerado el dinero generado con la obra pública que recibió el empresario K durante el gobierno kirchnerista.
El delito atribuido en esta causa, y que confirmó la querella en su alegato, fue considerado un “procesamiento conglobante” por “integrar una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013 agravado por la habitualidad”. En esta oportunidad, el juez Casanello tuvo en cuenta el “atesoramiento de fondos en Suiza”. Hasta el momento, Lázaro Báez había sido procesado por la exteriorización de dinero y su reingreso al país.
La AFIP durante su alegato, sostuvo: “Está comprobado” que entre 2010 y 2013 hubo un enorme derrotero criminal para blanquear sumas millonarias de dinero del cual no existen dudas que tienen un origen delictivo”. En este sentido indicó que Lázaro Báez “era un empleado bancario con categoría monotributista y de golpe se convirtió en el más importante empresario de la construcción. La designación del señor Báez no fue azarosa, no fue fruto del espíritu santo ni fruto del esfuerzo”.
Entonces, durante la acusación el organismo fiscal indicó que la designación del empresario K “cumpliendo ese rol tuvo que ver con aquella relación de amistad que tenía con quien fuera por entonces el presidente, el señor Néstor Kirchner”.
Antes de pedir las condenas, los asesores letrados de la AFIP expusieron que no sólo ” ha quedado comprobada la materialidad de los hechos referidos sino que también quedó debidamente probado el rol que le cupo a cada uno de los aquí enjuiciados”.
Las maniobras juzgadas y sobre las cuales para la querella no hay duda alguna, consistieron en “poner en circulación dinero de origen delictivo en el mercado financiero. Y se llevó a cabo a través de la adquisición de bienes y servicios de origen nacional y de un proceso complejo económico y financiero tendiente a repatriar y expatriar estos fondos”.
Entre los planteos formulados, la AFIP fue más allá y se refirió al origen de los fondos aplicados al a estructura de blanqueo. “Las empresas de los Báez han sido beneficiadas con 51 contratos de obra pública, se buscó la impunidad con el afán de beneficiar a Lázaro Antonio Báez y su grupo con una obra pública signada por múltiples irregularidades”, indicaron.
Así sostuvieron la tesis de la investigación respecto a que el origen “ilegítimo de los fondos” que se utilizaron para las maniobras de blanqueo, está en el direccionamiento de la obra pública, investigado en otro expediente.
En esta causa Báez está preso hace cuatro años, fue detenido su hijo Martín. Además, quedaron procesados sus otros hijos, Luciana, Leandro y Melina; también Leonardo Fariña, Federico Elaskar, Fabián Rossi, Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín, entre otros.
Para la querella representada para la AFIP, los aportes de Leonardo Fariña el único imputado colaborador en el caso, no fueron “sustanciales” y pidieron para él una condena de cinco años de prisión efectiva. Seis años fueron los requeridos para el financista Federico Elaskar, mientras que para Rossi se solicitaron siete años al igual que para el contador de Báez, Daniel Pérez Gadín.
En el expediente se dio por corroborada la existencia de una estructura de “sociedades y cuentas bancarias en el exterior que permitieron el blanqueo de por lo menos unos sesenta millones de dólares”, por eso se les trabó un embargo a los procesados de 600 millones de dólares a cada uno, porque se aplicó la pena máximo: diez veces la suma de dinero que se lavó.
La acusación sostiene que los acusados “lograron esa finalidad a través de la adquisición de bienes por un valor de más de dos mil setecientos treinta y cuatro millones de pesos, equivalentes a unos ciento ochenta y seis millones de dólares”.
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