La organización internacional Media Legal Defence Initiative, pidió este martes, acompañada por FOPEA, ser aceptada como amicus curiae (amigo del tribunal) por la Cámara Federal de Mar del Plata en la causa
D’Alessio por el procesamiento del periodista de Clarín Daniel Santoro.
Media Legal Defence Initiative (Ver https://www.mediadefence.org/) es una fundación internacional con sede en Londres dedicada desde hace más de 10 años a defender los derechos de los periodistas en todo el mundo. El pedido está firmado por la directora del MLDI, Alinda Vermeer y fue presentado por la prestigiosa penalista argentina Marta Nercellas.
En un comunicado, FOPEA –que preside Fernando Ruiz y reúne a más de 600 periodistas de todo el país- explicó que este amicus curiae “es una presentación judicial espontánea realizada para garantizar la labor del periodismo de investigación, motivada en el esencial interés público que tiene su defensa para la sociedad democrática”.
Se trata del segundo amicus presentado en esta causa que instruye el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. El primero había sido solicitado por el constitucionalista y ex diputado radical Antonio María Hernández, quien fue el autor del artículo 43 de la Constitución Nacional que defiende el secreto profesional periodístico. El tribunal de alzada ya aceptó a Hernández como amigo del tribunal para hacer recomendaciones y opinar sobre cómo, a su criterio, las medidas de Ramos Padilla, “afectan el derecho constitucional del ejercicio del periodismo..
En los últimos años, Media Legal Defence Initiative ha defendido legalmente a radios comunitarias en Chile, casos de torturas psicológicas contra periodistas en Colombia, y diversos tipos de agresiones físicas y legales a profesionales en Uganda, Polonia, Ucrania, Italia, y muchos otros países. El director regional de MLDI para América Latina es Emanuel Vargas.
La Comisión Directiva de FOPEA “agradece y acompaña la presentación realizada por esta organización, esperando que la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, que tiene a su cargo la revisión del fallo judicial de primera instancia, anule el procesamiento contra Santoro”.
Ramos Padilla, miembro de “Justicia Legítima”, procesó a Santoro como supuesto copartícipe de un intento de extorsión de Marcelo D’Alessio contra el empresario kirchnerista Mario Cifuentes de principios del 2018 y por una supuesta coacción del falso abogado al ex directivo de PDVSA Gonzalo Brusa Dovat de enero de 2019, lo embargó en 1,3 millones de pesos, le prohibió salir del país y dijo que si “entorpece la causa” con su poder le aplicará la prisión preventiva.
Los periodistas “no están exentos de ser engañados por sus fuentes, ni están por fuera de la ley. Pero resulta abusivo considerar a un periodista corresponsable de las intenciones extorsionadoras y coactivas de quien resultó ser una falaz fuente informativa”, agregó FOPEA en un comunicado.
En los últimos meses, Santoro ha sido apoyado en dos solicitadas firmadas por más de 400 periodistas, por FOPEA, ADEPA, la Academia Nacional de Periodismo, la mayoría de los miembros del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) y de Connectas y el Comité de Protección de Periodistas de Nueva York. En general, estas entidades periodísticas coincidieron en que el caso Santoro “es un grave precedente negativo” para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en Argentina y el resto de América Latina.
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