Los desacuerdos públicos entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el FMI -verbalizadas por la directora gerente, Kristalina Georgieva- son un piedra en el zapato de los negociadores
argentinos con la misión del organismo multilateral.
La instrucción que tienen los funcionarios es no referirse al entuerto y dejar que el presidente Alberto Fernández actúe de mediador y componedor entre las partes. Sin embargo, hay alguna molestia por los tiempos en que fueron efectuadas las declaraciones.
“La misión del FMI está en el país y somos sus anfitriones. Todo es muy profesional y ellos no se van a poner a preguntar sobre Cristina, porque son técnicos”, describe un ex funcionario que alguna vez se sentó con el FMI. Algunos interlocutores de Sergio Chodos, director del Cono Sur ante el Fondo, dicen haberlo escuchado algo molesto con la situación.
La orden que bajó la Casa Rosada es describir todas las reuniones del FMI con los ministros como “cordiales y constructivas”. Casi ningún funcionario se aparta de ese libreto. El ministro de Economía, Martín Guzmán, es cultor de los buenos modales. Ni él ni su equipo creen que la dureza de una negociación pasa por modales bruscos, sino por una propuesta económica. Guzmán ya anticipó en el Congreso que el Gobierno no tendrá superávit fiscal hasta 2023.
La misión del FMI viene preguntando sobre la salud de las cuentas públicas, los niveles de deuda y la situación económica en general. Algunos observadores internacionales plantean dudas sobre la estrategia de negociación del Gobierno.
Analistas de Nueva York y Washington creen ver una dinámica de “policía bueno y policía malo”. “El presidente Alberto Fernández va a Europa, se lleva el apoyo de Alemania, Francia, Estados Unidos, parece querer enderezar los vínculos internacionales. Es el policía ‘bueno'”. Y Cristina Fernández dispara “desde Cuba” contra el FMI y la comunidad financiera internacional. “Ella hace de ‘policía malo'”, observan.
La guerra de palabras no afectará ninguna decisión que el FMI vaya a tomar sobre el país. La Argentina quiere modificar el pago de los préstamos de ese organismo, aunque aún no detalló de qué manera. Pero la propuesta argentina será aceptada o no de acuerdo con sus características técnicas: si el FMI ve que hay un plan de pagos potable pondrá luz verde. De lo contrario, objetará.
El gobierno de Alberto Fernández planteó que trataría de solucionar la reestructuración de la deuda hacia finales de marzo. Para lograrlo, se estableció un cronograma. En esa serie de pasos a seguir, la Argentina tendrá que presentar su oferta a los acreedores.
La decisión de incumplir con la amortización del bono Dual (AF 20) más otras expresiones del Poder Ejecutivo hacen creer a varios operadores del mercado de deuda que el Gobierno hará una oferta “dura”, con una quita que supere el 40% o 50%. Para llegar a esa postura, a Economía le vienen bien las declaraciones de Fernández de Kirchner. Pero los especialistas también creen que las señales belicosas no necesariamente desencadenan en la mejor conclusión.
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