No es -ni será- el caso más escandaloso de corrupción pero sí es sintomático de las dificultades que tiene la clase política para discernir lo público de lo partidario. En el
marco de la revisión de las últimas decisiones adoptadas por la gestión anterior que ordenó Alberto Fernández, el Gobierno inició un sumario interno y denunció la desaparición de los archivos que contienen el material audiovisual de los actos presidenciales durante toda la presidencia de Mauricio Macri.
En rigor, se trata de ocho discos rígidos de entre 4 y 6 terabytes de capacidad que, según asegura el informe preliminar que inició una investigación interna, contenían “los archivos de todos los sucesos presidenciales desde la asunción del presidente Macri”.
El sumario, al que accedió Clarín en exclusiva, apunta contra Sophia Feroce, directora nacional de Producción y Seguimiento de Proyectos que hasta diciembre de 2015 reportó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y fue la autoridad política en el área.
“El día 9 de diciembre parte de los empleados notó que Sophia Feroce retiraba los discos. A posteriori se comentó que en ese momento ella dijo que los llevaba porque tenían material sensible”, expone el documento, redactado por el personal del área de las transmisiones.
La presentación llegó hasta las esferas más altas del área de comunicación del nuevo Gobierno e intervino el secretario de Comunicación y Prensa -y vocero presidencial- Juan Pablo Biondi, quien ordenó convocar a Feroce en varias ocasiones para instarla a que devolviera los discos. Fue antes de la gira de Alberto Fernández por Europa. Según fuentes al tanto de esos contactos, la ex funcionaria, que hoy se desempeña en la sede del PRO en Balcarce al 400, se había comprometido a hacerlo, pero finalmente no lo hizo.
“Decidimos esperar unas semanas para formalizar el trámite, porque la intención no es generarle problemas a nadie. no creemos en la judicialización de la política. Por eso se le dio tiempo. Pero necesitamos recuperar el material y no obtuvimos respuesta. Así que ya se dio a curso formalmente al área de Legales”, expusieron en Casa Rosada.
Los funcionarios involucrados en el sumario sospechan que no se trata únicamente de la necesidad del equipo político de Macri de contar con imágenes de archivo del ex mandatario. “Faltan los originales y las copias. Evidentemente había algo que no querían que viéramos”, razonan.
En ese sentido, exponen la contradicción en el comportamiento de la referente del área, que consta en el sumario. “Posterior a las elecciones del 27 octubre de 2019 se realizó una reunión informativa referente a trazar los pasos a seguir en caso de querer realizar distintos trámites debido al cambio de Gobierno. Durante dicha reunión Alfredo Di Tomaso (a cargo de la parte técnica de las transmisiones de la Casa Rosada) le pregunto a Sophia Feroce que pensaban hacer con el archivo y ella misma informo que quedaba, que no había ningún tipo de problema”, detalla el sumario.
Fuentes de la ex Jefatura de Gabinete -a cargo del área- consultadas por Clarín, indicaron que no hubo ninguna orden política de retirar el material.
Y enmarcan la denuncia en una eventual revancha de empleados del área contra Feroce. “Se la agarran con ella porque bajamos los sueldos y cortamos las horas extra”, relativizan.
Lo curioso es que, ante la consulta de Clarín, Feroce dijo “no recordar” haberse llevado el material. Sostuvo que está “de viaje” y que a su regreso se va “a fijar” si los tiene. “Cuando vuelva me voy a fijar si los tengo. Yo me llevé mis cosas, el backup de mi computadora. ¿Para qué quiero yo ese material, que encima está subido a Youtube?”, replicó. Y si bien expuso que no tuvo “ningún problema” con el personal, admitió estar al tanto de videos que circularon el 10 de diciembre, donde se ve a un grupo que trabajó bajo su área propinándole insultos, en medio de un festejo improvisado en los techos de Casa Rosada.
Lo concreto es que para acompañar el sumario, y asesorado por el departamento de legales, Di Tomaso -su ex subordinado- realizó un certificado de extravío en la Comisaría Vecinal 1D de la Ciudad de Buenos Aires, en el que da cuenta de lo sucedido e incluso detalla los números de serie de los discos, que según el inventario fueron adquiridos bajo la orden de compra 1009/2019.
El costo estimado de cada disco, siempre según el sumario, oscila los 16 mil pesos.
En el Gobierno, del mismo modo que cuestionaron las reformas que se hicieron en Casa Rosada, sostienen que “no se trata de un tema económico”. “Se afecta al patrimonio cultural del Estado, ya que esos discos contienen el material original y la copia de las actividades de un Presidente, que son de interés público”.
Es que, ante esta situación, apuntan, hoy no están condiciones de darle curso a un pedido de material del Archivo General de la Nación ó incluso de la Biblioteca Nacional. “No hay registro ‘en crudo’, sólo lo que quedó en Youtube”, indican.
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