La negociación por la deuda va cobrando clima de definición más allá del cronograma bocetado por el ministroMartín Guzmán, que tiene fecha establecida de finalización para fin de
marzo.
El cruce entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y el FMI sobre el pedido de una quita y la negativa del organismo introdujo ruido en la táctica oficial de apoyarse en el Fondo para impulsar una quita a los bonistas.
Las palabras de Guzmán fueron claras: “No vamos a permitir que los fondos de inversión extranjeros marquen la pauta de la política macroeconómica”. Para muchos observadores se trata solo de una advertencia política, para otros ni siquiera se podría formular sin tener algún guiño del FMI.
Tradicionalmente el Fondo impulsa las quitas para los acreedores privados en el entendimiento de que es él el prestamista de última instancia al que recurren los gobiernos cuando el resto de los acreedores ya se fueron.
Por eso cuesta más entender lo de Cristina Kirchner, más allá de su intención de poner al organismo a la defensiva. El Gobierno debe lograr sí o sí una postergación de los pagos de 2022 y 2023, que suman US$44.500 millones y, además, Guzmán pretende que la Argentina logre tres años sin pago alguno.
Mientras esa negociación se tensa, en el mercado financiero crecen las dudas, no ya sobre la reprogramación del capital de los bonos de legislación extranjera, sino también respecto de aquellos en pesos y con legislación local.
La experiencia en la semana de la reprogramación del bono AF20 abrió otro canal de incertidumbre sobre el tratamiento de la deuda en pesos y el futuro de los vencimientos que hasta marzo suman $345.000 millones, o sea casi tres veces y media el monto de emisión que se trató de evitar con la reprogramación del “bono Alberto”.
Desde ya que es una comparación estática y el Gobierno podrá reaccionar para mejorar las ofertas de canje a los bonistas y, por tanto, evitar un golpe de emisión que pueda impactar en la inflación o el dólar.
En el plan de lucha contra la inflación, otro ministerio. Producción, de Matías Kulfas, está a las puertas de comenzar una negociación clave para descongelar las tarifas de luz y de gas.
Esas tarifas, junto con las de transporte, están congeladas hasta fin de junio, pero el Gobierno quiere tener definida la salida antes de esa fecha. Apuesta a negociar con las empresas y destaca el resultado que obtuvo con los “precios cuidados” en enero, cuando se trasladó a los precios finales “sólo la mitad” del retorno del 21% del IVA sobre los alimentos.
La estrategia oficial en el caso de la luz y el gas será renegociar las condiciones del transporte y la distribución, donde considera que el Gobierno de Mauricio Macri fue laxo en la autorización de mayores costos y compromisos de inversión.
La negociación está en la línea de largada e imaginan un camino de salida pausada del congelamiento. Miran y destacan la táctica del Banco Central de comenzar a mover el dólar mayorista con una suba de 2,4% en un mes.
El Central aumentó el dólar (estaba congelado desde las PASO de agosto y la inflación osciló en 30%), además, porque en las últimas ruedas pasó de ser comprador a vendedor de divisas y así el esquema no funciona: no tiene reservas suficientes para abastecer al mercado en caso de que el dólar se retrase de manera ostensible.
El dólar mayorista con una suba moderada en el intento de no agitar los precios de los alimentos y una salida pausada del congelamiento de las boletas de luz y gas constituyen la base de un esquema de contención inflacionaria que se inscribe dentro del “paso a paso” que destaca Kulfas para proyectar el futuro.
Entre los grandes signos de interrogación sobre el futuro de las exportaciones argentinas estáVaca Muertay si finalmente habrá una ley para fijar un marco creíble para favorecer las inversiones en el importante yacimiento neuquino de petróleo y gas, hoy más inclinado hacia la producción de petróleo.
Dentro de la coalición gobernante no aparece un criterio único ni dominante sobre el futuro de la política energética argentina y solo la escasez de divisas parece justificar la apuesta a Vaca Muerta entre algunos de los funcionarios más allegados al presidente Alberto Fernández.
La negociación de la deuda copó la atención del Presidente en materia económica en la semana y la reprogramación del AF20 y la fuerte caída de los mercados le pusieron el sello.
El resto fueron los cruces: entre la vicepresidenta y el FMI, entre la ministra de Seguridad de la Nación y el ministro de Seguridad bonaerense y el de ya larga duración sobre si hay o no presos políticos en la Argentina.
Después de 60 días de gestión la coalición gobernante está en la búsqueda de algún equilibrio que, hasta ahora, ayuda poco a la economía.
LGP
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