Pocos después del recambio de poder en diciembre, la Cancillería recuperó el manejo del comercio exterior que había ido perdiendo entre 2011 y 2016. Los funcionarios de carrera festejaron. Pero la alegría
les duró pocas semanas. Ocurre que el Gobierno le quitó poderes a los diplomáticos, y el gremio que los nuclea -la Asociación del Personal de Servicio Exterior de la Nación (APSEN)- emitió una fuerte protesta contra la decisión de que por primera vez importantes áreas de Relaciones Exteriores sean manejadas por políticos y no por el cuerpo profesional del ministerio.
ASPEN manifestó su protesta por escrito a la Subsecretaria de Asuntos Legales de la Cancillería, Inés Monzó, y apuntó contra la reciente publicación de la nueva estructura organizacional de la Cancillería, la Decisión Administrativa 70/2020, publicada en el Boletín Oficial en los últimos días.
Según pudo saber este diario, en la comunicación oficial a sus afiliados la APSEN señaló que la nueva normativa que permite darle el manejo de lugares centrales a políticos ajenos a la política exterior “no se condice con el artículo 1 de la Ley 20.957, que asigna al Servicio Exterior la función de ejecutar la política exterior nacional”.
El gremio manifestó su “fuerte malestar” por el cambio de escenario normativo ,y le dijo a Monzó que veía con “preocupación” que de este modo y en momentos de fuertes restricciones presupuestarias, se incremente innecesariamente el gasto público, ya que se cubre con personal externo funciones para las cuales ya se encuentran plenamente capacitados los funcionarios del SEN”.
Tampoco sería compatible con el decreto 132/2020, que establece “restricciones en materia de designaciones y contrataciones” en distintas áreas de la Administración Nacional, entre ellas el ministerio de ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Vale recordar que los diplomáticos están en “pie de guerra” también por el recorte de sus privilegios en el sistema jubilatorio que también planea la administración actual.
“Equilibramos privilegios que les otorgó Faurie. No son facultades son privilegios” lanzó un funcionario del Gobierno defendiendo la resolución, que también tuvo respaldo de gremios presentes en el ministerio como ATE y UPCN.
Otras fuentes consultadas por Clarín en la Cancillería defendieron la decisión y criticaron al ex canciller Jorge Faurie, cuya resolución, según aseguraron, “colocaba en situación de privilegio a un sector”.
“Se dejaron lugares específicos para diplomáticos y los demás pueden serlo o no. Aseguran que todos los funcionarios del secretario de Relaciones Económicas Internacionales Jorge Neme (que es político) y del vicecanciller Pablo Tettamanti son casi todos diplomáticos.
“Lo mismo que los del secretario de Culto, Guillermo Oliveri; del secretario de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Daniel Filmus; y del coordinador del presupuesto del ministerio, Martín Yañez, hombre del riñón del canciller Felipe Solá. Pero en Cancillería habría caido mal no esa conducción, sino el posible desembarco de un hijo de la Abuela de Plaza de Mayo, Estela Carlotto a la Dirección General de Derechos Humanos. Se trata de Remo Carlotto. Otro político se hará cargo de la Dirección de la Mujer y de la Dirección de Personal; y Silvia Vázquez de la Dirección General de Medio Ambiente. Todas áreas que históricamente estuvieron en manos de diplomáticos.
Hoy, el hombre fuerte en Cancillería es Guillermo Justo Cháves, jefe de Gabinete de Solá. Es político y no diplomático. En cambio Tettamanti, embajador de carrera, actualmente no tendría mucho respaldo de la cúpula política, mientras crece la figura de Luis Julio Pérez Gabilondo, subsecretario de Política Exterior y respetado diplomático.
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