La Policía de España precisó que el matrimonio argentino detenido en ese país por vender y distribuir pizzas caseras “no tenía las condiciones higiénicas” y dio detalles de
cómo funcionaba el emprendimiento familiar.
“Habían creado una empresa en el garaje de su casa, en la comarca de Azuara (Zaragoza). Tenían congeladores, maquinas de etiquetado y hasta su propio logo y nombre: se llamaba Pizza Aragón”, precisó Serafín Giraldo, vocero de la Policía española.
Además señaló que el emprendimiento de la pareja tenía “una gran difusión a través de redes” y “mucho éxito”, ya que “era proveedores de restaurantes” y “llegaron a repartir en 50 comercios” de todo el país. “Llevaban unos cuantos años y en la zona eran muy conocidos”, afirmó.
En diálogo con TN, Giraldo precisó que los argentinos “se encuentran en libertad” aunque se los imputa de un “delito contra la salud pública porque no tenían las condiciones higiénicas”. Tampoco contaban con “las licencias y los permisos para esa actividad” y “no pagaban impuestos”.
El horno detectado en el domicilio allanado de los argentinos.
También aclaró que los argentinos no serán deportados. “Están el libertad provisional en espera del oportuno juicio. No pesa sobre ellos ninguna orden de expulsión ni se inició ninguna”, aseguró.
El vocero reconoció que “se trata más de un problema de burocracia que de sanidad”, ya que “no hubo gente intoxicada”.
“Tengo que reconocer que muchas veces la burocracia necesaria para abrir un negocio llega hasta el aburrimiento para alguien que quiere hacerlo. La verdad es que en las administraciones públicas la burocracia necesaria es tremenda”, admitió.
Los argentinos G.P.S., de 46 años, y su mujer, C.E.C, de 45, habían sido detenidos el el pasado 10 de febrero, tas una investigación de más de un mes. Según trascendió, en el último año habían repartido 12 mil kilos de pizza en 22 provincias. Para los traslados recurrían a empresas de mensajería con vehículos que no reunían las condiciones necesarias (frigorífico o isotermo).
El matrimonio fue acusado de delitos contra la salud pública.
Las provincias en las que hasta el momento se ha podido comprobar la recepción de este producto serían Alicante, Asturias, Almería, Barcelona, Burgos, Cádiz, Castellón, Girona, Guadalajara, Huesca, Jaén, Lleida, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Salamanca, Soria, Teruel, Valencia, Zamora y Zaragoza.
Los establecimientos afectados están dedicados a hostelería, caterings, hoteles, pizzerías, campings, piscinas, organización de eventos y particulares.
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