El juez Marcelo Martínez de Giorgi, un equilibrista que siempre eligió la prudencia

Bonadio, mucho menos accesible que él en su despacho pero con una lapicera más audaz para firmar resoluciones fuertes.

Ex secretario de la prestigiosa sala II de la Cámara Federal porteña, Martínez de Giorgi es un producto perfecto del espinel laboral en la justicia argentina. Había llegado allí tras copiosos años caminando juzgados desde 1985, y salió de allí como ganador de un concurso en el que obtuvo la titularidad del juzgado federal 8, en 2012.

Antes de eso, en 2006 y tras la renuncia del juez Jorge Urso, el Consejo de la Magistratura lo había designado para que asumiera como juez subrogante en ese mismo juzgado. Pero también fue elegido como suplente cuando en 2008 Jorge Ballestero levantó sus cosas del juzgado 2 para ser ascendido a la Cámara Federal, donde se desempeñó hasta 2018.

Su nombre no aparecía con frecuencia en los diarios, hasta que en junio de 2016 citó a indagatoria a más de 40 imputados en la causa por supuesto fraude al Estado por el desvio de fondos millonarios del programa Sueños Compartidos. Entre los imputados, estaban Julio De Vido, Jorge Capitanich y Hebe de Bonafini, titular de la Fundación Madres de Plazo de Mayo a través de la cual se habrían fugado aquellos millones.

Justamente la citación a Bonafini lo puso en el ojo de la tormenta, de donde el juez intentó salir accediendo a una medida inédita: se trasladó personalmente para tomarle declaración a la líder de las Madres, en lugar de insistir con la desoída obligación de llevarla por la fuerza a su juzgado.

Hasta entonces, Martínez de Giorgi no le había llevado problemas al kirchnerismo. En agosto de 2010 sobreseyó a Cristina y Néstor Kirchner por la creación de la consultora privada El Chapel y consideró que “no había incompatibilidad entre la Presidencia y la empresa familiar”. Un año después, sobreseyó al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime en una causa en la que se investigaba si había favorecido a las empresas de colectivos para que pudieran seguir usando vehículos con antigüedad antirreglamentaria.

Pero en 2014 el juez rompió su cautela y procesó al titular de la fiscalía antilavado Carlos Gonella, por su vidriosa intervención en el expediente por “la ruta del dinero K” contra Lázaro Báez. También indagó al ex ministro de Justicia Julio Alak.

Desde marzo de 2016, ya con Mauricio Macri en la presidencia, inició la investigación por enriquecimiento ilícito contra el ex subsecretario de Legal y Técnica del kirchnerismo Carlos Liuzzi, hombre de máxima confianza de Carlos Zannini. Ese expediente tuvo idas y vueltas a favor y en contra del acusado, pero Martínez de Giorgi avanzó en la investigación de su cuantioso patrimonio. Hace dos semanas, reclamó por los resultados de una pericia que lleva un retraso de dos años.

En el juzgado 8 hubo faltas de mérito para Amado Boudou por supuestas dádivas en el uso de un helicóptero privado para asistir a un acto en Necochea y un ruidoso sobreseimiento del entonces camarista Eduardo Freiler en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito: poco tiempo después, una investigación del Consejo de la Magistratura encontró bienes y activos a nombre de ese juez y sus familiares que eran muy difíciles de justificar con los ingresos de Freiler, que terminó eyectado de su cargo por un juicio político.

Pero el expediente más complejo que aún manipula  el juez designado para heredar los expedientes de su colega Claudio Bonadio es el de supuesta corrupción en el contrato para soterrar el tren Sarmiento, una de las tres causas en las que se investiga a la constructora brasileña Odebrecht en los juzgados federales porteños. Enredada en pedidos de colaboración que la empresa ofreció pero no se concretaron por objeciones locales, y con altos ex funcionarios K procesados al igual que el primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, Martínez de Giorgi exhibió allí su particular talento para el equilibrio político.