París (enviado especial).- Alberto Fernández evalúa impulsar una norma para penalizar a quienes nieguen o relativicen los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. “Nunca lo había pensado, seguilo”. Esa fue
la orden que el Presidente le transmitió a la ministra de Justicia Marcela Losardo.
La idea surgió de los representantes de la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia (ACAF), que se reunieron con el mandatario en su suite en el Hotel Regina, frente al Museo del Louvre.
María Laura Stirnemann, de la asociación H.I.J.O.S en Francia le propuso replicar la legislación francesa contra los negacionistas del Holocausto.
Por la ley francesa, sancionada en 1990, el ex presidente del Partido de Liberación Nacional Jean-Marie Le Pen fue condenado en varias oportunidades por relativizar el exterminio judío. En 2016, debió pagar 30 mil euros por referirse públicamente a las cámaras de gas como “un detalle” histórico.
La ley francesa -que tiene análogas en Alemania, Suiza, Austria, Bélgica, España, República Checa, Israel, Liechtenstein y Letonia- prevé penar las expresiones negacionistas en todo ámbito que no sea privado e impide cuestionar el número de víctimas del Holocausto; en cualquier plataforma pública. También penaliza otros delitos de odio, como la xenofobia.
El presidente Alberto Fernández y Emmanuel Macron. Foto: Presidencia.
En la Argentina, la discusión alrededor del número de desaparecidos generó polémicas y fuertes cruces políticos en distintas épocas. En 2016, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, echó al entonces ministro de cultura porteño Darío Loperfido por insistir en que en la Argentina no hubo 30 mil desaparecidos. La propuesta de las organizaciones tuvo buena recepción por parte del Presidente.
Por otra parte, Fernández se comprometió ante los organismos a seguir impulsando los juicios por delitos de lesa humanidad. Les garantizó -según confiaron los referentes del organismo- que los represores seguirán siendo juzgados bajo la órbita del estatuto de Roma, al que la Argentina adhirió en 2003 y que obliga al cumplimento total de la pena.
Los organismos y funcionarios del Ejecutivo -entre los que se contaba, además de Losardo, el diputado Eduardo Valdés- coincidieron en las críticas a las políticas de Derechos Humanos durante la gestión de Mauricio Macri.
La prestigiosa abogada Sophie Tonnon -que logró que se condenara a Alfredo Astiz por los crímenes de las monjas francesas y recientemente la extradición a la Argentina del ex policía- relató que también reclamaron que se le restituyera el estatus de refugiado político -que Macri le revocó- a Galvarino Apablaza, el ex militante de la organización FPMR, reclamado por la Justicia chilena. El Presidente prometió estudiar el caso.
Los referentes de Derechos Humanos le entregaron, además, una carta al Presidente en la que piden por la liberación de Milagro Sala y del resto de los ex dirigentes kirchneristas presos, a los que califican como presos políticos. “(Tenemos) esperanza de que su gobierno arbitre los medios para liberar sin demora a la luchadora social Milagro Sala y a otros presos políticos argentinos”, dice la misiva.
Las agrupaciones le obsequiaron a Fernández el libro sobre la dirigente jujeña y líder de la Tupac, que escribió la escritora argentina residente en París, Alicia Dujovne Ortiz.
El jefe de Estado -que ya había mantenido encuentros con organismos de Derechos Humanos en Israel y en Italia- planeaba visitar el Jardín Plaza de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo inaugurado por Cristina Kirchner en 2008, en el distrito XV de esta ciudad, frente al río Sena y a dos cuadras del famoso Puente Mirabeau.
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