según consta en un informe elaborado por el Ministerio del Interior al que accedió Télam.
De esta forma, a lo largo de la administración de Mauricio Macri, dos provincias gobernadas por el oficialismo –Buenos Aires y Jujuy- encabezaron el reparto de este fondo contemplado en la Ley 23.548 de coparticipación federal de impuestos, para atender “situaciones de emergencia y desequilibrios financieros”.
El distrito bonaerense recibió entre 2016 y 2019 fondos por un monto total de $3.817millones, mientras que Jujuy obtuvo $993,8 millones en el mismo período.
Córdoba, por su parte, percibió $879,1 millones; Neuquén, $775,5 millones; y Misiones, $759,5 millones.
La Ciudad de Buenos Aires, otros de los principales bastiones del oficialismo durante ese período, no recibió fondos en concepto de ATN.
Por su parte, Santa Cruz, que en el total marca ingresos por $604 millones entre 2016 y 2019, el informe precisa que las asignaciones fueron dirigidas de manera directa a municipios, sin pasar por la administración provincial.
Si bien el monto total percibido por la provincia de Buenos Aires durante la administración anterior vía ATN sumó $3.817 millones, lo concreto es que de manera directa el gobierno de María Eugenia Vidal recibió algo más de $1.280 millones y el monto restante fueron aportes otorgados a municipios de distintas fuerzas políticas.
En orden decreciente, el ranking de provincias en base a monto percibido de ATN ubicó en octavo lugar a Mendoza, con $609 millones; seguido por Corrientes, con $564 millones; Tierra del Fuego ($498 millones), Entre Ríos ($474 millones), Salta ($413 millones), Chaco ($348 millones) y Tucumán ($316 millones).
En el caso de Tierra del Fuego el monto total percibido durante el período se efectivizó entre 2016 y 2017, ya que en 2018 y 2019 no percibieron fondos por este concepto por no haber adherido al pacto fiscal.
Algo similar sucedió con San Luis y La Pampa, que en 2018 y 2019 no tuvieron acceso a los ATN por no haber firmado el pacto fiscal.
En el fondo del lote se ubicaron Formosa, San Luis y San Juan, que entre 2016 y 2019 recibieron fondos por $80 millones en los dos primeros casos y $79 millones por parte de la provincia cuyana.