Las opacas razones por las que el régimen venezolano desespera por controlar el Parlamento

target=”_blank” href=”https://www.clarin.com/tema/venezuela.html” alt=”venezuela” title=”venezuela” target=”_blank”>Venezuela. Es el trasfondo que hace esto posible lo que le da un significado particular y mucho más complejo al giro que experimenta el país. El régimen que encabeza Nicolás Maduro ha vuelto a poner la vista sobre un Congreso al que vació de poder desde que el 5 de diciembre de 2015 lo ganó la oposición arrebatándoselo a la nomenclatura bolivariana. No está dispuesto ahora a volver a cederlo debido a las condiciones que le imponen un enjambre de acuerdos opacos sobre el futuro del negocio petrolero y su traspaso a multinacionales radicadas en el país, que ha establecido al menos desde setiembre del año pasado con Moscú. El Kremlin es uno de sus principales socios pero no el único que apunta al rescate del negocio petrolero hoy en ruinas. En la misma lista se anota los otros clientes del crudo venezolano, China, India y Turquía que ignoran las penalidades de EE.UU. para el trasiego del fluido.

Esta estrategia de dramática reconquista del legislativo liga, aunque en menor medida, con las deudas contratadas por el chavismo en especial con dos de esos clientes. En los últimos tres lustros, Beijing le dio créditos a Caracas por 60 mil millones de dólares de los cuales 16 mil millones aún están pendientes de cancelación. En el caso de Rusia, la cifra de los préstamos contratados con la estatal de petróleo Rosneft, redondearon los 6,5 mil millones de dólares, pero ahí restan solo 800 millones para ser saldados. En el primer caso los pagos se han hecho con crudo, pero las perspectiva es complicada porque la producción se ha desplomado en picado hasta entre 700 mil y 500 mil barriles diarios desde el millón 300.000 del año pasado. En 1998, cuando Hugo Chávez llegó al poder, las refinerías rendían 3,4 millones de barriles diarios.

En el caso del Kremlin, también interviene el petróleo en las cancelaciones de las obligaciones pero con una estrategia que si otras fueran las banderas la autollamada progresía latinoamericana la denunciaría como ejemplo del más rancio imperialismo. Rosneft controla ya aproximadamente dos tercios de las exportaciones de petróleo venezolano, se ocupa de su comercialización y hasta del transporte esquivando las sanciones norteamericanas. Esa posición le brinda una llave para garantizar aquellos pagos. Aunque no es ese el objetivo primario de Rusia.

La veterana y bien informada revista Petroleum Economist señaló a fines del año pasado que Rosneft y la china de petroleo CNPC, junto con la norteamericana Chevron “son los principales tenedores y operadores extranjeros de reservas de petróleo en Venezuela”. Estas empresas, sin embargo, cesaron las inversiones. “Rosneft recientemente tuvo acceso a algunas de las reservas de gas más prometedoras de Venezuela, que podrían exportarse a través de Trinidad, pero se ha mostrado reacio a invertir. CNPC comenzó una expansión de un proyecto de petróleo extra pesado, pero recientemente lo suspendió”.

Ese trasfondo de cautela se alimenta de lo que revelan las actuales urgencias. Fuentes en Venezuela y analistas del negocios petrolero, sostiene que Maduro busca su superviviencia brindando el rescate del negocio petrolero a aquellos socios. La intención es que la Asamblea habilite que los tenedores de bonos defaulteados venezolanos puedan canjearlos por participaciones en la propiedad en los campos y recuperar la deuda que tenían por la producción de petróleo.

El legislativo entra de modo contundente en este juego por que es el único poder habilitado para aprobar licencias de explotación petrolera. The Wall Street Journal describe la trastienda de esta pelea en el Congreso caraqueño como la primera parte de “una estrategia que culmine en la redacción de leyes que otorgasen a las empresas extranjeras poder legal para operar en proyectos petroleros en Venezuela”. Es decir una apertura por encima incluso del negocio de los bonos.

Esas iniciativas por cierto se estrellan con las políticas nacionalistas que fueron la bandera de Chávez y en las cuales se envolvió Maduro. Como consignó esta columna hace un par de semanas, el viceministro de finanzas ruso Sergey Storchak denunció como “los errores” en esas políticas de control estatal y sostuvo que su gabinete prepara “una serie de sugerencias para erradicar las distorsiones sucedidas durante la nacionalización” del negocio petrolero.

La salida de Juan Guaidó de la presidencia del Parlamento es una condiciones necesaria que planteó el propio Storchak para que el proyecto aperturista ruso, con guiños previsibles de las otras empresas multinacionales en Venezuela como la propia Chevron, se lleve adelante. El pragmatismo comercial, por llamarlo de algún modo, no tiene banderas. La oposición jamás aprobaría un paquete de leyes que garantice la preservación del régimen.

La maniobra, el domingo pasado, para imponer a un seudo opositor Luis Parra como nuevo jefe del legislativo, fue saludada naturalmente por el Kremlin como un “paso democrático”. “A ellos (no solo por los rusos) no les importan la democracia, sino el cumplimiento de las formalidades”, evaluó Antero Alvarado, un analista petrolero en Caracas. José Guerra, un diputado opositor en el exilio, ex director del Banco Central, fue aún más taxativo: “Sencillamente Parra fue puesto ahí para aprobar los negocios petroleros”.

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