Mientras el Gobierno se encuentra definiendo las urgencias de salarios, precios, jubilaciones y otros asuntos, en el sector energético aguardan definiciones sobre el sesgo qué tendrá la actual gestión hacia las
empresas.
“Las áreas más críticas son las reglas de precios para la provisión de gas al mercado doméstico (es decir un pseudo mercado mayorista de gas) y en la formación de precios en el mercado eléctrico mayorista. Este es el “dueto” crítico que hoy define gran parte de la futura configuración de la política energética argentina”, señala un informe de FIEL, que comparten ejecutivos tanto de empresas de electricidad como de gas.
“El panorama actual luce o podría delinearse a través de dos “modelos” de organización que están en pugna, en particular en el ámbito del mercado eléctrico mayorista. Uno es un modelo “inercial o de status quo”, posiblemente preferido por el gobierno, con segmentación de oferta y demanda y un rol central de Cammesa como asignador de precios y cantidades en un despacho centralizado”, define FIEL. El paso anterior del kirchnerismo por el Poder Ejecutivo tuvo mayormente ese sesgo, según las empresas. Es un rol más predominante del Estado.
“El otro es un modelo alternativo en donde se perfeccionan las reglas de formación de precios del gas natural doméstico y se organiza un despacho basado en costos marginales de largo plazo de una generación térmica eficiente para converger a precios más uniformes de la electricidad”, analizó FIEL. Ese modelo es de menor intervención estatal y el que simpatiza en las empresas. Las compañías creen que son capaces de encontrar menores costos si las dejan libres. Ponen como ejemplo el precio del gas actual: es el más bajo que se recuerde (en dólares por millón de BTU) y el Estado viene interviniendo muy poco al respecto.
En Vaca Muerta se extrae petróleo y gas. Las compañías que invierten en esa formación le prestan especial atención a esas regulaciones. Cuantas más trabas se le pongan al gas, menores serán los desembolsos en ese rincón neuquino.
El Gobierno también tiene que definir su política de transporte a largo plazo. Más de la mitad de los costos del sistema de transporte se van en personal. En los trenes, el Estado demanda más de $ 43.000 millones para su operación. Cuando los pasajeros pasan su tarjeta SUBE, lo que recibe el operador estatal ferroviario no alcanza ni para cubrir el 10% del costo del sistema.
El sistema de colectivos que circula por la ciudad de Buenos Aires y el conurbano cuesta alrededor de $ 10.000 millones. El boleto que pagan los pasajeros arrima cerca de un 30% de los ingresos que reciben las líneas de colectivos. El resto le vienen por los subsidios del Estado nacional y compensaciones por el combustible.
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