Cristina Kirchner auditará parte de la gestión de Gabriela Michetti en el Senado

“No venimos a echar a 2000 trabajadores como hizo la gestión anterior, que después reincorporó 800”, plantean en el entorno de Alonso. Para eso, van a conformar una comisión integrada por la secretaría de Recursos Humanos, la de Administración y la de Jurídicos -que encabeza la abogada de Cristina, Graciana Peñafort- e invitarán a los gremios estatales APL, ATE y UPCN. Este grupo será el encargado de “evaluar caso por caso”.

“Vimos casos de empleados que en el término de dos días pasaron de planta política a planta transitoria y después a planta permanente. Eso no está bien”, aseguran.

También se quejan por deudas recibidas. Entre ellas mencionan $ 45 millones que la Cámara le debe a Optar S.A -la empresa estatal que gestiona los viajes aéreos de los senadores- $ 21 millones con empresas de transporte terrestre, y deudas por $50 millones por licencias vencidas de software. 

Desde el equipo de administración que llevó adelante la gestión de Michetti negaron que se trate de deudas, sino de gastos corrientes.

“El proceso de pago, al igual que en el Ejecutivo y en el Poder Judicial, tiene plazos de 90 días. Nosotros no tenemos recaudación propia. Los gastos se chequean y se emite una orden de pago que Hacienda, que hace meses que paga con demora, después ejecuta. Por mes se gastan entre $ 20 y $ 30 millones de pasajes, en esos 90 días la cifra se incrementa”, explican e incluso aseguran: “El Senado tuvo superavit en 2019, así que les va a sobrar”.

A su vez, afirman en el entorno de Alonso, los senadores están reclamando el dinero por el canje de pasajes, suma que, en total, ronda los $ 15 millones. Si bien Michetti firmó una resolución para prohibir el canje por plata, su puesta en marcha fue postergada para enero. Cristina Kirchner ratificará esa resolución a principio de año.

Otros temas de organización también son foco de denuncias de la nueva administración. “De los 260 teléfonos adjudicados a senadores y empleados tenemos 80. El resto no sabemos quiénes lo tienen, así que dimos de baja las líneas. El sistema de SAP que instalaron en noviembre, la gente no lo sabe manejar y hay 800 expedientes sin procesar. Lo suspendimos hasta decidir qué hacemos“, señalan.

“Lo que creamos pertinente vamos a enviarlo a la auditoría para que emita un informe que será elevado a la secretaría jurídica (encabezada por Peñafort) que será la encargada de analizarlo. Si observa que se configura un delito debe presentar una denuncia“, señalan desde el Frente de Todos.

“Nosotros estamos tranquilos porque hicimos las cosas bien y nos parece bien que auditen. Nosotros lo hicimos con la UBA cuando empezamos nuestra gestión en 2015 y otra este año antes de irnos, que está subida en la página del Senado. Ellos lo harán con funcionarios suyos”, apuntan en el entorno de Michetti.