Un pastor de una secta fue condenado a 24 años de prisión por abuso y explotación

trabajo. Las mujeres también podían ser abusadas y violadas. Finalmente alguien los denunció y la Justicia condenó al pastor Isaías Nelson Hurtado a 24 años y seis meses de prisión por trata de personas y abuso sexual. A su pareja, Patricia Padilla, le dieron 10 años.

Esta pareja de pastores comenzó con sus prédicas en un departamento alquilado de Mar del Plata, donde funcionaba el “Ministerio Apostólico Zion”. Luego pudieron expandirse y armaron una carpa gigante que llamaron “El Templo”. Pero el año pasado fueron denunciados y en el juicio fueron acusados de explotar laboralmente a 37 personas y abusar sexualmente de cuatro.

Ahora el Tribunal Federal de Mar del Plata -formado por los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Alfredo Ruiz Paz-, condenó a Hurtado a 24 años y 6 meses de prisión por cuatro casos de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser ministro de culto, 18 casos trata de personas mayores de 18 años con fines de reducción a la servidumbre agravado por la multiplicidad de víctimas y por su condición de ministro de culto y, también por dos casos de trata de personas a personas menores de 18 años. Además, fue multado con 90.000 pesos.

Patricia Padilla fue condenada a 10 años por ser partícipe necesaria de trata de personas mayores de 18 de años, por captarlas, engañarlas y abusar de la situación de vulnerabilidad de las víctimas. Y la multaron con 50.000 pesos.

El Tribunal ordenó la reparación económica de las víctimas. Las tres mujeres violadas por Hurtado cobrarán 1.800.000 de pesos cada una por haber sufrido abuso sexual y trata de persona. Otras tres mujeres cobrarán 500.000 pesos por ser víctimas de trata. Las indemnizaciones las pagará Hurtado. Los jueces ordenaron decomisar los bienes materiales de la pareja: departamentos, autos, motos y cuentas de bancos. 

“En esta sentencia se han reconocido mecanismos de la trata de personas en una secta, y mecanismos de persuasión coercitiva. Hay un mecanismo de despersonalización de los fieles que termina en la reducción a la servidumbre, en sometimiento, en condiciones análogas a la esclavitud, en la apropiación de los bienes de los fieles, más abusos sexuales y violaciones como otro método de sometimiento y destrucción de las propias familias porque había un sometimiento absoluto al punto que todas las personas y cualquier actividad de las familias tenían que tener la autorización de Hurtado, y así se anuló la autodeterminación de las víctimas de una manera absoluta”, explica a Clarín Marcela Rodríguez, al frente del Programa de Asesoramiento y Patrocinio para las Víctimas del Delito de Trata de Personas de la Defensoría General de la Nación.

Seis de las víctimas fueron representadas por distintas áreas de la Defensoría General de la Nación. “Además de la reparación económica, y aunque no se hicieron acciones civiles, pedimos que tuvieran acceso a la salud física y psíquica y reinserción laboral”, explica Rodríguez.

“La mayor importancia que tiene este juicio es no sólo la reparación de las víctimas sino que algunas familias comenzaron a reunirse. Familias que no se identificaban como victimas pudieron hacerlo y volvieron a sus hogares y se reencontraron con otros familiares y sabemos que pasaron la Navidad juntos“, agrega la abogada. 

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Según la Justicia, las víctimas “enfrentaban situaciones emocionales o familiares adversas o conflictivas, consumos problemáticos de alcohol, situaciones económicas complejas, enfermedades o pérdida de seres queridos”. La pareja los atraía convocándolos por “mensajes de fe” que profesaban a través de distintos medios, entre ellos la Radio Zion 101.7 –que podía escucharse a través de Internet- cuya programación “invitaba y entusiasmaba” al público a participar de las reuniones de la “Iglesia”.

También organizaban “congresos” y contaban con una página web, en la que publicaban los teléfonos de contacto, horarios de los encuentros y videos de las reuniones que se subían a YouTube. El sitio contaba también con una solapa identificada como “Siembra” en la que había cuatro cuentas bancarias de Argentina, Chile, Venezuela y Estados Unidos, donde los “fieles” aportaban “ofrendas”. Esto permitía captar personas de otras localidades y países, lo que acentuaba el estado de vulnerabilidad de las víctimas por su situación de migrantes, como sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos.