Por qué Chile no es Venezuela

sus países. Lo hizo en una entrevista televisiva, donde expuso: “yo me acordaba días atrás, cuando recibí a las organizaciones de derechos humanos venezolanas, en 2013, cuando Nicolás Maduro, después de una manifestación puso presas a 800 personas. Piñera metió presas a 2.500 personas y no pasa nada y nadie dijo nada, nadie habla nada”.

Fernández cae en lo que la academia denomina como “falacia de falsa equivalencia”. Su análisis denota un importante vacío de contenido e, incluso, deshonestidad intelectual. Pasa por alto cuatro informes de derechos humanos e intenta reducir la discusión al ámbito cuantitativo, cual partido de fútbol en número de goles, cuando es sustancialmente cualitativo. Este es el porqué: tras la entrega del informe de Human Rights Watch tuve la oportunidad de conversar con José Miguel Vivanco, su director para las Américas. Vivanco señaló, en medio de la conversación, un punto que parece relevante al momento de analizar los regímenes de gobierno y su relación con los DDHH: no existe ningún país que pueda garantizar que un agente del estado no cometa un vejamen, apremio ilegítimo, tortura o violación a los derechos humanos contra un ciudadano, la diferencia sustancial es si ese país goza de las instituciones para que ese crimen no quede impune.

Aquí comienza la falsa equivalencia de Alberto: en Chile existe plena independencia de los poderes del Estado. El informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señala explícitamente que “distintas instituciones han adoptado las medidas para garantizar las investigaciones por violaciones a los derechos humanos (…) los tribunales han emitido fallos para proteger a las personas que ejercen sus derechos”. Resalta, a su vez, al Instituto de Derechos Humanos, entidad autónoma del Estado, y a la Defensoría de la Niñez, otra organización estatal. Reflejo de lo que, en la ciencia política, se denomina “freno y contrapeso”, una auditoria en tiempo real de la situación y plenamente transparente.

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En Venezuelano existe freno y contrapeso alguno. Los tribunales de justicia se encuentran ampliamente cooptados por la militancia de gobierno y subordinados al poder ejecutivo. No existen instituciones del Estado autónomas y, para los ciudadanos, se ha hecho imposible exigir cualquier amparo posible de protección jurídica, según constata la misma ONU, Amnistía Internacional y el ya mencionado Human Rights Watch; los mismos que han emitido informes sobre Chile.

Como segundo punto, en Chile existe un poder legislativo operativo e institucional. De hecho, la izquierda chilena es mayoría en ambas cámaras del Congreso y ha acordado, vía reformas constitucionales y leyes, distintos paquetes sociales tras negociaciones con el gobierno. Sería majadero recordar que, en Venezuela, en cuanto cayó en manos de la oposición, la Asamblea Nacional fue sustituida por una Asamblea Constituyente hecha a imagen y semejanza de Nicolás Maduro.

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Como tercer punto –podría exponer más- existe una evidente diferencia respecto a la sistematicidad de las violaciones. Según constata la parte VII del Estatuto de Roma, para que se configure la sistematicidad de violaciones a los derechos humanos debe existir una “campaña” u orden del poder central, expresa y decidida, a los agentes del Estado para atacar a la población civil. Ningún organismo, ni tampoco el Congreso –tras rechazar el juicio político contra Piñera- ha podido constatar que éste último haya ordenado los delitos que carabineros ha cometido contra cientos de chilenos. En el caso venezolano, los informes establecen claras directrices centrales en su actuar. El mero hecho de que exista una policía política lo demuestra.

Debo manifestar que esta no es una defensa a Sebastián Piñera. Su manejo de la crisis ha sido paupérrimo sino peor que eso. Pero establecer comparaciones entre una dictadura y una democracia meramente por números –sin contexto ni apego a los hechos-, es una ofensa a las instituciones de todo el Estado de Chile que promueven la defensa de los chilenos que han sido víctimas del actuar policial.

Los derechos humanos no ameritan, ni deben, ser una práctica propia de la jerga del fútbol. No merecen empates ni tableros marcadores. Son universales, sin color político y se miden por criterios objetivos. Ahí si cabe la analogía: que el presidente Fernández elija de qué lado de la cancha desea estar; del de los países democráticos que, a pesar de lo difícil que puedan ser las turbulencias que enfrentan, han sabido activar sus instituciones; o de los países totalitarios que no conocen de diversidad, respeto ni desconcentración del poder en su actuar.

Santiago, especial