En una reunión de tres horas, el Gobierno acordó con los delegados de la CGT y de la dos CTA que ordenará que se pague una suma fija para todos
los trabajadores del sector privado. La medida empezará a regir a partir del 1 de enero. El monto no afectará las negociaciones paritarias, que seguirán su curso, ni las cláusulas gatillo que ya estén estipuladas.
Así lo confirmaron Antonio Caló, de la UOM; Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores y Roberto Baradel, de Suteba al abandonar la Casa Rosada bien entrada la noche.
Una vez que se apruebe la emergencia económica, el Presidente quedará facultado para ordenar a los empresarios privados a otorgar aumentos a sus trabajadores. Luego, se avanzará con una bono para estatales, que no necesita ninguna regulación nueva. En un principio se había especulado con que el decreto presidencial solo beneficiaría a los gremios más postergados en las paritarias.
El cónclave fue en el Salón Norte de la Casa de Gobierno. Alberto Fernández no fue de la partida. En representación del Ejecutivo estuvieron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Beliz. Por el lado de los gremios participaron los dos titulares de la CGT Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (Estaciones de Servicio); Gerardo Martínez (UOCRA), Sergio Palazzo (La Bancaria), Omar Viviani (peones de taxis); Omar Maturano (La Fraternidad) y Hugo Moyano (Camioneros), que se demoró más tiempo en la Casa de Gobierno. Por la CTA de los Trabajadores estuvo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy (ATE-Capital) y Roberto Peidró, en representación de la CTA Autónoma. Los gestos de unidad durante la campaña en un acto compartido con el actual Presidente nunca terminaron de convertirse en una realidad.
Alberto Fernández junto a Hugo Yasky y Hugo Moyano en octubre de 2019.
Los sindicalistas expresaron sus quejas porque en el capítulo de Emergencia Sanitaria, que trata el Congreso por estas horas no se incluye la devolución de fondos para obras sociales. Según los sindicalistas, Cafiero se disculpó y prometió tratar el tema en lo sucesivo. “Me deben mil millones de pesos los empresarios y yo le debo $400 millones a los trabajadores”, señaló Caló.
Los gremios también plantearon sus quejas por la suspensión de la fórmula de movilidad y los regímenes especiales de jubilación, que podrían quedar suprimidos. En el Gobierno tomaron nota. Ya habían exceptuado de la ley a los docentes, que cobran el 82 por ciento móvil.
En el Ejecutivo quedaron conformes con la reunión. “Los sindicatos plantearon inquietudes y algunas preocupaciones por el momento delicado, pero se comprometieron a acompañar al Gobierno y coincidieron en los objetivos q tiene por delante. Coincidieron en que alcanzar un acuerdo económico y social es la clave para salir de la crisis”, sostuvieron. Afirman que todos coincidieron en que la prioridad será para los más postergados.
La previa de reunión estuvo marcada por la interna sindical, que terminó en el ataque a la sede de la UTA y con el malestar público de Moyano por la designación de Mario Meoni en Transporte. El líder camionero, que reclama por la inclusión en esa Cartera de Guillermo López del Punta, hizo circular esta misma tarde un comunicado con la exigencia de su gremio para la próxima paritaria: 35 por ciento de aumento.
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