Un día de enero de 2020, el Senado de Estados Unidos se sumirá en el silencio. El presidente de la Corte Suprema, vestido con su toga negra, prestará
juramento antes de asumir un papel histórico: supervisar el proceso de destitución de Donald Trump impulsado por los demócratas.
Unas semanas más tarde, los 100 senadores decidirán si encuentran al presidente culpable. Si son menos de 67 los que así lo consideran, el escenario más probable, será absuelto y retomará con ímpetu su campaña de reelección en 2020.
Si el Senado sigue las reglas formalizadas en 1986, este juicio excepcional comenzará cuando un equipo de legisladores demócratas de la Cámara de Representantes abandone el ala sur del Capitolio, bajo buena escolta, para unirse a sus pares del ala norte con el acta de acusación del presidente.
A su llegada a la Cámara Alta, un oficial de alto rango a cargo de la seguridad y el protocolo, el “sargento en armas”, llamará a la calma: “Todos deben permanecer en silencio, so pena de ser encarcelados, mientras la Casa de Representantes presenta los artículos de acusación contra Donald John Trump ante el Senado de los Estados Unidos”.
Los congresistas de la Cámara, encargados de desempeñar el papel de fiscales, leerán los dos cargos planteados contra el multimillonario republicano: “abuso de poder” y “obstaculizar el buen funcionamiento del Congreso”.
Luego expondrán sus denuncias: el presidente le pidió a Ucrania que investigara a uno de sus rivales potenciales en las elecciones presidenciales de 2020 de los demócratas, el ex vicepresidente Joe Biden, y ejerció presión para obtener su objetivo, entre otras cosas, congelando una ayuda militar crucial para este país del este europeo en conflicto con separatistas prorrusos.
Una vez que se conoció el chantaje, Trump obstruyó la investigación del Congreso al prohibir a sus asesores testificar o proporcionar documentos, añadirán los demócratas.
Con su mano en la Biblia, el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, jurará “dispensar justicia de manera imparcial”. A continuación llegarán las participaciones de los 100 senadores convocados para desempeñar el papel de jueces y jurados.
Hasta 200 personas podrán seguir este momento solemne desde las tribunas.
Así comenzó el juicio del presidente demócrata Andrew Johnson en 1868, y el de su correligionario Bill Clinton, el 7 de enero de 1999, juzgado por mentir sobre su relación con la pasante de la Casa Blanca, Monica Lewinsky.
Pero nada obliga al Senado a seguir el mismo procedimiento.
En materia de destitución, la Constitución de EE.UU. es muy sucinta: confía a la Cámara de Representantes la tarea de llevar a cabo la investigación y lanzar un proceso de destitución contra el presidente en caso de “traición, corrupción u otros crímenes y delitos serios”.
Luego le corresponde al Senado juzgarlo por mayoría de dos tercios en un juicio presidido por el jefe de la Corte Suprema.
Por lo demás, el Senado tiene plena discreción sobre la duración y la modalidad de los debates.
En 1999, la mayoría republicana negoció con los demócratas mucho después de que comenzara el juicio. “Creemos que la mejor manera de mantener la calma y la dignidad es hablarnos”, dijo entonces el líder del senador republicano Trent Lott.
Juntas, las dos partes habían establecido las reglas del juego: audiencias públicas todos los días de 13. a 18 para dedicar la mañana a las otras misiones del Senado; preguntas efectuadas por escrito y leídas por el Presidente de la Corte Suprema; tres días para la acusación, tres días para la defensa, etc.
Los problemas de procedimiento se discutieron a puerta cerrada, por lo que los senadores aceptaron el testimonio en video de Monica Lewinsky durante el caso Clinton.
Sin embargo, el clima es mucho más tenso que hace 21 años y la perspectiva de un acuerdo entre los dos campos parece ilusoria.
El líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, ha admitido que está coordinando “en todos los aspectos” con la Casa Blanca, que parece dudar entre un juicio breve sin testigos y el uso de esta plataforma para atacar a los rivales de Donald Trump.
Sin embargo, el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, espera que un puñado de legisladores electos se unan a los 47 votos de su partido para fijar “reglas justas y honestas” con una mayoría simple.
Con su apoyo, le gustaría convocar a cuatro asesores del presidente que aún no han prestado testimonio. Hasta ahora, ningún legislador republicano parece estar listo para salirse del esquema de sus filas.
Fuente: AFP
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