La defensa del sindicalista había solicitado que cesara su detención preventiva -que cumplía bajo la modalidad de detención domiciliaria- a la luz de las nuevas normas que
“La reciente implementación de una previsión que regula con mayor rigor el principio constitucional de necesidad de las medidas de coerción, superando el esquema casi binario de libertad provisional o prisión preventiva que rigió hasta hace poco, impone dilucidar si este progreso en el debate debe verse reflejado en una sustitución de las medidas de coerción adecuadas para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley penal sustantiva”, sostuvieron los jueces del TOF 4.
Suárez deberá someterse, de todas formas, a la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico de “GPS”, al que se le fijará un radio de 100 kilómetros a la redonda de su lugar de residencia, y comunicar cualquier cambio de domicilio o circunstancia por la que deba ausentarse de éste por más de 24 horas.
El sindicalista deberá, además, presentarse dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes ante el TOF 4 y tendrá prohibida la salida del país.
Los jueces destacaron, en su fallo, que Suárez se ha presentado y asiste regularmente al juicio oral y público en curso, como también que en febrero ingresará en la etapa de producción de prueba testimonial.
Suárez está acusado de ser el jefe de “una asociación destinada a la comisión de indeterminados hechos delictivos, valiéndose del control que (sus miembros) ejercían sobre el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (en adelante SOMU) y la Obra Social del Personal Marítimo (de aquí en más OSPM)”.
El dirigente coordinaba a los restantes integrantes “a partir de su rol de ex Secretario General del SOMU, presidente de la mencionada OSPM, vicepresidente de la empresa San Jorge Marítima S.A., y presidente de la Fundación Azul para el Cuidado y Preservación del Medio Ambiente Marino, Fluvial y Lacustre”, según se sostiene en el expediente judicial.
Se le reprochó a Suárez “una maniobra delictiva consistente en exigirle ilegítimamente a distintas empresas del sector naviero, en concepto de ‘donaciones’ o ‘liberalidades’, sumas dinerarias presuntamente destinadas a capacitar a los marineros afiliados al SOMU en la escuela ‘Omar Rupp’ perteneciente al Sindicato, para que adquieran las condiciones necesarias a los fines de embarcar tales buques extranjeros”.
El dinero se exigía “a cambio de no bloquear el ingreso de las embarcaciones a los puertos de nuestro país, mediante la negativa del servicio de remolque al ordenarle al personal del SOMU que no aten cabos para la maniobra”, según se indica en el expediente.