La convocatoria formal a una “mesa de diálogo” integrada por la Justicia, el Gobierno y entidades de derechos humanos, sumado a un trabajo de “acercamiento” de los jefes penitenciarios descomprimieron
la huelga de hambre que llegó a convocar a casi 10 mil presos del sistema carcelario bonaerense.
Este lunes por la mañana se anunció que Axel Kicillof firmó un decreto que crea una comisión encargada de buscar alternativas para la superpoblación y otros reclamos planteados por los detenidos en presidios provinciales.
“Hay una posición firme del gobierno de asumir este desafío grave y pensar medidas que tiendan a su solución”, explicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Julio Alak, luego de una reunión de gabinete en Casa de Gobierno, en La Plata.
En la tarde del lunes, fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) confirmaron a Clarín que “apenas contabilizamos poco menos de 800 detenidos que mantienen el reclamo. Y el número sigue en descenso”.
Las protestas comenzaron el 5 de diciembre pasado en las unidades de Dolores, Batán, Campana y Olmos, entre otras. Luego se extendieron a otros presidios hasta abarcar en forma total o parcial a 24 de las 57 cárceles del SPB.
Según admiten en el gobierno, la efervescencia dentro de las celdas se incrementó luego de que por problemas administrativos se registró un faltante de comida (carne y pollo) que afectó la alimentación detrás de las rejas.
Después, el movimiento se enfocó en otros pedidos: terminar con los “excesos” en las prisiones preventivas; suspender la aplicación de la denominada “Ley Blumberg” y reinstalación del régimen del 2×1 (que computa doble los días de detención sin condena firme).
Huelga de hambre en cárceles bonaerenses.
Los petitorios –escritos a mano o impresos en hojas de computadora- que llegaban a los oficiales superiores de las prisiones coincidían en esos pedidos. Todo ocurrió en medio de la transición del gobierno de María Eugenia Vidal y su sucesor, Kicillof. La situación abría la puerta a especulaciones. Y el conflicto se acercaba peligrosamente a una fecha sensible para los presos: las Fiestas de fin de año.
Una primera reacción llegó desde el palacio de Tribunales. La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia bonaerense pidió al Ejecutivo la creación de la mesa de diálogo con representantes de los tres poderes del Estado, de organizaciones no gubernamentales relacionadas con los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica.
Huelga de hambre en cárceles bonaerenses.
Además, a través de una acordada recomendó a los jueces buscar alternativas al encierro y no “abusar” del instituto de la prisión preventiva.
Alak adelantó que la comisión se reunirá esta semana por primera vez y trabajará también en enero. “Analizar en forma institucional los reclamos que vienen efectuando los internos que están en el Servicio Penitenciario Bonaerense en cuanto a sus condiciones de detención”.
El ministro dijo que las cárceles bonaerenses “tienen una capacidad para alojar a 23.000 personas y hoy están detenidos 49.000 internas e internos. Esos números representan –según el funcionario “la superpoblación penitenciaria más grande del país”.
“Hay cuatro mil detenidos con prisión domiciliaria y otros cuatro mil en comisarías”, agregó Alak. Entonces, el universo total de detenidos asciende a 57.000.
El nuevo responsable de la relación con el Poder Judicial y del manejo del SPB admitió que en su equipo tienen que evaluar los datos “para ver si son certeros”. Aclaró que va a mantener a la cúpula del Servicio “hasta que pase esta crisis” y planteó que “con el correr de los días se irá normalizando la situación respecto de la provisión de alimentos y medicamentos”.
La Plata. Corresponsalía.
DD
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