Los principales puntos del paquete que envía el Gobierno al Congreso se está terminando de definir este mismo lunes y podría demorarse hasta última hora, pues en intensas reuniones que se
llevan a cabo en el despacho presidencial y en la Jefatura de Gabinete, se terminan de pulir los detalles de lo que serán las primeras medidas económicas, con aval del Parlamento Nacional.
Los ejes fundamentales van por establecer una emergencia en lo previsional, un fuerte aliciente para las Pymes y reordenar el gasto público en entes descentralizados, además de rehacer el marco de revisión tarifaria.
En el tema Jubilaciones, el proyecto pretende establecer la emergencia previsional por la pérdida de poder adquisitivo en jubilaciones de menores ingresos. Por eso, se definiría instruir al Poder Ejecutivo Nacional “a construir un nuevo índice suspendiendo el actual”, y se obliga a “reforzar las jubilaciones mínimas en 180 días”. El primero de esos refuerzos serían en este mes de diciembre.
Otro punto serán las “facultades de reordenamiento para mejorar y bajar el gasto público”. Para eso, se autorizaría al PEN a tomar medidas de unificación de cargos y empresas públicas a los fines de mejorar y bajar de la administración publica “gastos superfluos o sueldos desmesurados” en la administración centralizada y descentralizada.
Sobre el asunto de las “facultades delegadas” (los llamados súper poderes), la administración de Alberto Fernández asegura que “se mantienen las condiciones de las facultades delegadas al Presupuesto 2019 más reconocimiento de inflación del INDEC hasta la sanción del nuevo presupuesto”.
Respecto de la deuda, se autoriza al PEN a renegociar y construir un nuevo perfil de vencimientos de deuda con Bonistas y Multilaterales. Se toma como criterio para la aceptación de mejora la mejora en el plazo, en la tasa o en el capital. El objetivo oficial es tener programa de deuda a 20 años con sustentabilidad en vencimientos
En cuanto al tema tarifas, el proyecto prevé facultar al PEN a rehacer el marco de revisión tarifaria a los efectos de frenar el impacto de tarifas en los distintos sectores de la población. Y autorizar a revisar e intervenir en la actuación de los entes reguladores.
Sobre las Pymes, se intenta facultar a una profunda moratoria a las pequeñas y medianas empresas. Y que todas las deudas entren en un nuevo plan de pagos: 6 meses para empezar a pagar, 10 años de plazo. Con la mitad de tasa que la actual. Y una compensación de deudas con reintegros AUH.
En lo Laboral, se pretende facultar al PEN a la eximición total o parcial de Contribuciones a todas las Pymes y empresas que mejoren ingresos de trabajadores que hayan perdido capacidad de compra en los últimos 4 años. Y habilitar esa facultad de cara a las economías regionales.
En las Jubilaciones, también se habilitaría la devolución de IVA automática en cuentas de 700 pesos a todos los beneficiarios, lo que se financiará directamente desde el Tesoro Nacional
En el rubro “Bienes personales“, se dispondría la alícuota anterior al sinceramiento fiscal, con una alícuota superior para activos en el exterior y un premio fiscal para los activos repatriados.
Otro punto será el “ataque a la economía en negro y la corrupción”, donde se establecería una sobretasa de castigo a las empresas que retiran por caja u otra modalidad de dinero en efectivo. Esto no afecta ni a comercios ni a personas físicas.
Respecto de la “protección de las reservas argentinas” se establecería un impuesto para gastos y pagos de dolares en el exterior. Constituyendo un fondo de mejora de jubilaciones , infraestructura de hábitat y fomento del turismo nacional.
Sobre la “emergencia sanitaria”, se facultaría al Poder Ejecutivo a disponer medidas para recuperar programas de vacunación y disponer sistemas impositivos de incentivo y recuperación de clínicas y obras sociales.
En tanto, en la “suspensión del consenso fiscal”, autorizarían al PEN a establecer acuerdos bilaterales con las provincias de suspensión de los efectos del consenso fiscal que obligaba a las provincias a reducir impuestos. Los acuerdos se rubricarían así. de acuerdo a la situación productiva y fiscal de cada provincia, algo reclamado por varios mandatarios provinciales del peronismo que pasaron por Casa Rosada la semana pasada.
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