Las retenciones a los granos pasan a tener una alícuota de 9% en reemplazo de los 4 pesos por dólar exportado que regían hasta ahora. Pero la soja mantiene su base
de 18%, que sumado al 9% de todos los demás productos queda con un gravamen por derecho de exportación del 27%.
La medida fue tomada por le Gobierno y publicada este sábado en el Boletín Oficial, a partir de lo cual entro en vigencia. El documento fue firmado por el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y los ministros de Economía, Martín Guzmán y de Agricultura, Luis Basterra.
Entre los conisiderandos, se destaca que “desde la fecha de publicación del Decreto N° 793 del 3 de setiembre de 2018 se produjo un deterioro del valor del peso con respecto al dólar estadounidense, lo que ha representado, al 10 de diciembre de 2019, una devaluación mayor al 60%”.
Respecto de la delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo se argumenta que “podrán ejercerse con el objeto de cumplir alguna de las siguientes finalidades: a) asegurar el máximo posible de valor agregado en el país con el fin de obtener un adecuado ingreso para el trabajo nacional; b) ejecutar la política monetaria, cambiaria o de comercio exterior; c) promover, proteger o conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios, así como dichos bienes y servicios, los recursos naturales o las especies animales o vegetales; d) estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen de ofertas adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno; y e) atender las necesidades de las finanzas públicas.
En el decreto se considera luego que “es clara la intención del Congreso de dotar al Poder Ejecutivo Nacional de herramientas que le permitan adoptar, en forma ágil, medidas de política económica para ejecutar, entre otros objetivos, la política monetaria, cambiaria o de comercio exterior, estabilizar los precios internos y atender las necesidades de las finanzas públicas”. Y que “la aplicación de derechos de exportación e importación constituye un instrumento esencial de la política económica nacional”.
Además, teniendo en cuenta “la grave situación por la que atraviesan las finanzas públicas”, se afirma que “resulta necesaria la adopción de urgentes medidas de carácter fiscal que permitan atender, al menos parcialmente, las erogaciones presupuestarias con recursos genuinos”.
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