La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentó este viernes
Organismos de Derechos Humanos, Partidos de Izquierda y familiares de víctimas de las fuerzas policiales y de seguridad presentaron este relevamiento que actualiza de forma anual el archivo de personas asesinadas por aparato represivo del Estado que la Correpi lleva desde 1996.
Según esta edición del informe, de las más de 7000 personas que fueron asesinadas por las fuerzas policiales “desde el fin de la dictadura cívico militar eclesiástica, el 26 por ciento murió en los últimos cuatro años” de la gestión de Cambiemos.
“El gobierno que termina ha sido, sin dudas, el más represivo en los últimos 36 años. Día a día nos hemos encontrado en las calles, contra la explotación, la opresión y la represión, y vivimos, en carne propia, toda la avanzada contra nuestros derechos, en un verdadero estado de excepción”, señaló la Correpi en un documento que fue leído en la plaza.
Personalidades como la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas y Sergio Maldonado, hermano del joven artesano Santiago Maldonado –víctima de una desaparición seguida de muerte tras un operativo de Gendarmería llevado a cabo hace dos años en Chubut– estuvieron presentes en este acto.
Como parte de la convocatoria, el colectivo de familiares de víctimas de la represión policial que integra Correpi leyó un documento en el que sostuvo que el gobierno de Macri, a través de la gestión de Bullrich en seguridad, “premió a los efectivos” que protagonizaron casos de gatillo fácil.
“Por eso le pedimos al gobierno de Alberto Fernández que salga de esta lógica de gatillo fácil y muertes por a espalda que se impuso en el macrismo. Creemos que la designación de Sergio Berni como ministro de Seguridad en la provincia es un antecedente que nos preocupa”, sostuvieron los familiares.
En ese sentido, la Correpi consideró que la flamante administración de Fernández debería derogar un conjunto de regulaciones “represivas” que oficializadas por el gobierno saliente.
El organismo exige que se eliminen el Registro de Personas y Entidades vinculadas al Terrorismo; los comandos unificados para la intervención de las fuerzas conjuntas federales y provinciales; los protocolos de “lógica bélica para la actuación de las fuerzas de seguridad en movilizaciones y las deportaciones “exprés” de inmigrantes, entre otras regulaciones”.