Junto a Venezuela y Ángola, integra el lote de naciones en las que menos se avanzó para esclarecer el pago de coimas
Lo dijo el propio presidente Mauricio Macri al hablar el 1 de junio en el Colegio Público de Abogados de Buenos Aires: “Los únicos países que no firmaron todavía acuerdos (de delación) con la empresa Odebrecht fueron Angola, Venezuela, Ecuador y Argentina”, donde la empresa reconoció que pagó coimas para realizar obras de infraestructura. Y agregó que “lo que queremos saber es, dado que (la multinacional brasileña) confesó haber pagado USD 35 millones , que se diga a quién le pagó”.
También dijo, en ese momento, que “en los próximos días y semanas seguiremos actuando y presionando para que el manejo de la información no sea con la misma arbitrariedad con la que ha manejado toda la causa la procuradora hasta el día de la fecha”.
En realidad, la fiscalía de Ecuador anunció días después de ese discurso de Macri que había llegado a un acuerdo de cooperación para facilitar las investigaciones. En Panamá, la empresa se comprometió a pagar una multa de USD 220 millones y a suministrar información de los sobornos que pagó para acceder a los contratos, informó el ministerio fiscal de ese país esta semana. Perú y República Dominicana son los otros dos países que tienen avanzadas negociaciones con la empresa un resarcimiento de la empresa que reconoció coimas, también por impulso de las fiscalías respectivas. En el caso de Panamá, el presidente Juan Carlos Varela impulsó y logró la sanción de una ley de delación premiada. Colombia llegó a un acuerdo en febrero para la cancelación de un contrato para la construcción de una ruta y negocia todavía en la fiscalía un acuerdo de delación.
En Mozambique la investigación está en manos de la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción (CGCE), que inició contactos con Brasil, que parecen lentos, pero todavía no se llegó a ningún acuerdo. En Guatemala sí hay avanzado un acuerdo, pero no existen procedimientos legales de delación similares a los de Brasil, como pide la empresa.
El caso de México es especial porque no se transformó en un escándalo de opinión, por lo que la investigación está retrasada. Mike Munro, un director de Odebrecht, declaró en mayo año que “esperamos un acuerdo transparente, similar al que hemos alcanzado en otros países, donde la sanción sea adecuada”. La compañía admitió haber pagado 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos para obtener contratos.
Por cierto, en Venezuela, el país donde la empresa constructora pagó más coimas después de Brasil (USD 98 millones), no hay ningún diálogo iniciado. Tampoco en Angola, donde el único acuerdo que alcanzó fue para pagar una multa de casi USD 10 millones para cerrar un proceso civil iniciado en el 2014 por trabajo esclavo en propiedades agrícolas angoleñas.
La ausencia de un Ministerio Público Fiscal en la Argentina con verdadera vocación de investigar provocó grandes retrasos en nuestro país, y el involucramiento espasmódico de distintas oficinas del Poder Ejecutivo, sin una estrategia ni marco legal consistentes. Tampoco el Congreso de la Nación estuvo a la altura de las circunstancias, ya que la legislación todavía no permite alcanzar acuerdos de delación premiada, similares a los brasileños. Los expertos consideran que el Procurador General del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, por lo menos pueda demostrar el perjuicio para el Estado.
En diciembre de 2016, acorralada por el Lava Jato que lideró el juez Sergio Moro, la compañía Odebrecht acordó con Brasil, Estados Unidos y Suiza a pagar 3500 millones en multas por los más de 1000 millones en sobornos en Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, Repúblicana Dominicana y Venezuela. En Argentina, la empresa habría pagado 35 millones de dólares en sobornos por contratos por 278 millones, durante el período 2007-2014.
