Un juez federal de la ciudad de Rosario envió a juicio oral a 19 policías por la desaparición forzada de Franco Casco, un joven que estuvo detenido en una comisaría y
cuyo cuerpo fue hallado después en el río Paraná en 2014.
De esta manera, el juez federal 3 rosarino, Carlos Vera Barros, hizo lugar al pedido presentado en septiembre pasado por el fiscal Guillermo Lega, quien acusó a agentes de la comisaría en la que la víctima estuvo detenida y fue vista con vida por última vez.
A su vez, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPA) acusó también a agentes de Asuntos Internos de la Policía santafesina.
Según el fallo del juez, cuatro de los policías serán juzgados como “coautores” de los delitos de “desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima, e imposición a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, de cualquier clase de tortura, seguida de la muerte de la víctima”.
Otros siete agentes afrontarán cargos como “coautores” pero sólo por “desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima”; y seis como “partícipes secundarios” del mismo delito, detallaron las fuentes.
Mientras que los dos restantes serán juzgados por el delito que castiga a quien “ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer” y “asegurare o ayudare al autor o partícipe a asegurar el producto o provecho del delito”.
Por otra parte, fueron sobreseídos nueve policías por el delito de desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima y otros tres por el delito de encubrimiento.
“La conducta ilícita desarrollada por los aquí procesados no solamente implicó la privación ilegal de la libertad, sino que además, por su intermedio, se sustrajo a la persona del derecho a la jurisdicción y a su integridad física, psíquica y moral”, indicó Lega en su requerimiento.
Para el fiscal, también “se privó a sus familiares y a la sociedad toda de conocer su destino y el devenir del por qué de su muerte y cómo sucedió”, lo que causó “una multiplicidad de víctimas que es una nota distintiva de este tipo delictivo”.
Según se dio por acreditado en el expediente, el 6 de octubre de 2014, cerca de las 17.30, Casco (20) salió de la casa de una tía en Rosario hacia la estación de trenes para regresar a Florencio Varela, donde vivía con su familia.
En cercanías de la estación, fue abordado por agentes de la Comisaría 7ma. de la Policía de Santa Fe, aunque por ahora se desconocen las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se produjo la detención.
La investigación permitió conocer que Casco fue trasladado a la seccional, donde fue aislado en un calabozo “pequeño, oscuro y mugroso” al que denominaban “La Jaulita” porque allí encerraban a jóvenes que aprehendían por supuesta “averiguación de antecedentes”.
De acuerdo a los testimonios de presos alojados en esa comisaría, algunos de los cuales pudieron hablar con Casco, en determinado momento se escucharon golpes y fuertes gritos de auxilio del joven.
Luego de eso “se hizo silencio absoluto y no volvieron a escuchar a la víctima, ni la vieron al día siguiente cuando recibieron visitas, lo que les llamó particularmente la atención”, indicó el fiscal.
La Policía santafesina afirmó a familiares de Franco que el joven había sido aprehendido “por atentado y resistencia a la autoridad”, ya que “estaba drogado, como perdido” y aseguró que luego fue liberado.
Sin embargo, Casco nunca llegó a Retiro, donde lo esperaba su madre, Elsa, y frente a las averiguaciones, “el personal registró su detención modificando sensiblemente sus datos personales, apellido, número de documento y domicilio” y le dio intervención al fiscal que correspondía intervenir, “con la finalidad de darle sustento legal a un proceder totalmente irregular”.
El dictamen pone de relieve la importancia de que el padre de la víctima se haya dirigido a la comisaría, ya que de no haberlo hecho “nunca se hubiese descubierto que Casco había sido privado de su libertad”.
Las maniobras de ocultamiento continuaron hasta que el 30 de octubre la Prefectura Naval encontró el cadáver de Franco en el río Paraná.
La autopsia y demás pruebas permitieron establecer que el joven había sido asesinado antes de ser arrojado al río y que el tiempo de inmersión era compatible con la fecha de su desaparición.
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