Tal como había adelantado el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, el Gobierno buscará aprobar en sesiones extraordinarias las emergencias económica, social y sanitaria. Para eso las convocó desde el
13 de diciembre hasta el 31 de este mes, como fecha límite. La información fue confirmada a través de un decreto. Sergio Massa y Máximo Kirchner estuvieron en la Rosada a última hora de la tarde.
De este modo, el decreto especifica en el temario que se tratará el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Económica. En su segundo punto, añade la formalidad de autorizar el Presidente a ausentarse del país durante 2020 cuando razones del Gobierno lo requieran.
Finaliza: “Proyecto de Ley por el cual se autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales, según corresponda, para participar en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones Combinadas a realizarse desde el 1° de septiembre de 2019 hasta el 31 de agosto de 2020”.
Tal como había informado Clarín, y ennmarcado en el proyecto de emergencia económica que enviará al Congreso, el Gobierno buscará otorgarle al secretario de Energía la facultad para renegociar con las empresas de gas y electricidad las tarifas que se le cobran a los usuarios.
De acuerdo a fuentes legislativas del Frente de Todos, la iniciativa formará parte del paquete de normas que el Ejecutivo enviará en los próximos días al Parlamento para tratar en las sesiones extraordinarias de diciembre.
En su primer discurso como presidente, Fernández había señalado que las propuestas concretas del “plan de Acuerdos Básicos de Solidaridad en la Emergencia” – que incluye los temas ligados a precios, salarios, tarifas, tipo de cambio, aspectos monetarios, fiscales y sociales- serían explicitados en los próximos días.
La emergencia económica que se había proclamado en 2002 estuvo vigente por 16 años, hasta 2018. Aunque no está fijada la letra chica, se estima que si se vuelve a aprobar, le serviría al Ejecutivo para reasignar partidas y hacer modificaciones en impuestos, entre otros temas. Según pudo saber Clarín, además de la cuestión tarifaria incluiría otras ligadas a los proyectos de participación público privada (PPP) y moratorias para PyMEs.
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