Un joven de 18 años fue asesinado por la policía de Misiones durante un operativo en Apóstoles

son tres los casos de “gatillo fácil” cometidos por oficiales y agentes de la policía provincial en lo que va del año.

Por el homicidio de Luciano Villalba, el juez de Instrucción Miguel Faría ordenó la detención de cuatro policías y el secuestro de sus armas reglamentarias. Los vecinos del barrio donde se produjo el hecho entregaron a la Justicia quince vainas servidas calibre nueve milímetros y un cargador de un arma reglamentaria con varios cartuchos, que habría perdido uno de los policías involucrados.

El primer informe difundido por la Policía señaló que en la madrugada del jueves los vecinos del barrio Cantera de Apóstoles habían solicitado el envío de un patrullero porque se habían escuchado disparos en medio de una gresca. Según la versión de los policías que ahora están presos, cuando llegaron, una persona relató que habían intentado robarle la motocicleta de su vivienda y responsabilizó del hecho a Villalba y su hermano Ramón Piris, más conocido como “El Chueco”, y con antecedentes por robos.

Al detener a éste último, los policías dijeron que fueron agredidos con piedras por Villalba y varios vecinos que intentaron evitar la detención del sospechoso. Según los agentes, Luciano Villalba “portaba un arma de fuego”.

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Ante esa situación, los policías dijeron que efectuaron disparos intimidatorios al suelo para poder abandonar el lugar con el detenido, que fue alojado en la Seccional Primera acusado de tentativa de hurto.

Sin embargo, los familiares de Villalba dieron una versión diferente. Si bien reconocieron que el adolescente arrojó piedras contra los policías para intentar que dejaran en libertad a su hermano, revelaron que los policías tiraron a matar.

Aída Piris, la madre de la víctima, dijo que se despertó al escuchar dos disparos. “Cuando salí me topé con dos policías, que me dijeron que volviera a mi casa pero no les hice caso porque sabía que mis hijos estaban afuera”, relató la mujer.

“Venían balas de todos lados. Le dije a Luciano que dejara de tirar piedras porque ya se lo habían llevado a su hermano. Y en ese momento veo que se agacha despacito, se tiró al suelo y ahí nomás murió”, agregó aún conmocionada. Desesperada, corrió detrás del patrullero, pero los policías no detuvieron la marcha y la víctima fue llevada en el auto de un vecino al hospital, donde ingresó sin vida.

Apenas fue notificado del crimen, el juez Faría ordenó la detención de los policías y una autopsia. Los médicos del poder judicial determinaron que el proyectil atravesó el cuerpo tras ingresar por un hombro y salir por la axila contraria. En el camino, la bala alcanzó el corazón.

La Jefatura de Policía inició un sumario con intervención de Asuntos Internos y el juez Faría convocó a los especialistas de la Secretaría de Apoyo en Investigaciones Complejas (SAIC) para establecer cómo ocurrieron los hechos.

Este no es el primer exceso policial que termina con una persona muerta. El 24 de agosto pasado, en la localidad de Santa Ana, Víctor Márquez Dos Santos (16) fue ejecutado de un balazo en la cabeza por un oficial, hecho que fue corroborado por las pruebas balísticas. El oficial y un subalterno siguen presos por el hecho.

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El 14 de noviembre, en El Soberbio, dos policías de civil persiguieron con un auto particular a un coche en el que sospechaban que se transportaba mercaderías de contrabando. En medio de esa persecución, según los agentes, intervino otro coche que los impactó para facilitar la fuga.

Los policías dijeron que uno de los ocupantes del auto estaba armado y decidieron usar sus pistolas reglamentarias. Sin embargo, las pericias determinaron que el disparo mortal que recibió Reinaldo Andrade fue desde muy corta distancia. Los investigadores no descartan que los mismos policías hayan “plantado” en el coche de las víctimas un revólver calibre 38 y un pistolón que fueron secuestrados posteriormente. El oficial subayudante y un suboficial siguen presos por el crimen.

Posadas. Corresponsalía